El calendario judicial tendrá su pausa en poco tiempo. Inicia la feria de verano, durante la cual los juicios orales y la instrucción de muchos expedientes tendrán un respiro. Esto alcanza a las audiencias
del caso sobe el direccionamiento de la obra pública, donde Cristina Kirchner declaró este lunes. La próxima semana comenzarán las declaraciones testimoniales, en cuya lista de presencias está incluido -por pedido de la ex Presidenta- Alberto Fernández.
Vehemente, como ella misma definió, así fue la indagatoria de la electa vicepresidenta en el juicio por corrupción en su contra. Dejó en claro que no cree en el proceso que se lleva en su contra, criticó al Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) de responder al lawfare (“guerra judicial”), e increpándolo le dijo: “Seguro ya tienen escrita la condena, no me importa, a mí la historia ya me absolvió y me absolverá, a ustedes la historia los jugará”. Después se retiró de la Sala AMIA.
No fue lo único que dijo, esas fueron sus palabras finales. Durante casi cuatro horas realizó un descargo con un fuerte contenido político donde remarcó que esta causa como los nueve procesamientos con los que cuenta, los siete expedientes elevados a juicio oral y los cinco pedidos de prisiones preventivas, sólo responden a una operación en su contra “de desprestigio y persecución”.
Su descargo, en el que no aceptó responder preguntas y donde ante la consulta del Tribunal replicó que deberán ser ellos, los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, quienes tienen que contestar preguntas, desestimó las pruebas centrales del caso, en el que sostuvo por primera vez de forma explícita, “no soy amiga de Lázaro Báez ni nunca lo fui”. Pero consideró que la acusación del expediente respondía, en parte, a la amistad que unió al empresario K y a Néstor Kirchner. “No voy a avalar que a alguien se lo condene por ser amigo, eso pasaba durante la dictadura”, añadió.
La indagatoria de Cristina fue la última de las trece que realizaron los acusados. Algunos, como Lázaro Báez o Julio De Vido, se negaron a declarar, pero podrán hacerlo más adelante. Quienes sí optaron por hablar, también tienen la opción de ampliar su descargo más adelante.
A partir de ahora, se iniciará la etapa de declaraciones testimoniales, en la que se escuchará a 180 personas. Casi todas declararán en el 2020: este año sólo restan dos audiencias, ya que el 16 de diciembre no habrá juicio. Las citas continuarán siendo los lunes. “Si hacemos un cálculo estimativo y llano, con dos o tres testimoniales por audiencia, el juicio no va a terminar el próximo año“, indicó a Clarín una fuente judicial.
La mayoría de los testigos que desfilarán por el estrado del TOF 2 son funcionarios técnicos de Vialidad Nacional, destacados tanto en Buenos Aires como en Santa Cruz. El listado también incluye, a directivos e ingenieros de Austral Construcciones.
Pero Cristina también pidió que sean citados todos los ex jefe de Gabinete de su gobierno y el de su marido, algo que fue aceptado por el tribunal. Su argumento es que todos ellos participaron de la asignación de las partidas presupuestarias que terminaron en los bolsillos de Báez. Por eso, entre ellos el ahora presidente electo Alberto Fernández deberá pasar por los tribunales de Comodoro Py como testigo en el juicio contra su compañera de fórmula.
En este expediente, el juez Julián Ercolini procesó a la ex presidenta, a Julio De Vido, José López, Carlos Kirchner, Nelson Periotti (entre otros ex funcionarios) y a Lázaro Báez por asociación ilícita y defraudación al Estado, por haber favorecido al grupo Austral con 52 contratos viales por 46.000 millones de pesos, “plagados de irregularidades administrativas, sobreprecios y falta de controles”. Por ello, se habla de un “direccionamiento” a favor del conglomerado del contratista K.
Para los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, criticados este lunes por Cristina Kirchner, los “hechos de corrupción” no se encuentran “en soledad”, sino que la de la obra pública, se trata de la “causa madre” de un grupo de investigaciones que involucran a la ex Presidenta, como Hotesur, Los Sauces y otros expedientes, como también aquel en el que Cristóbal López es investigado por no pagar a la AFIP 8.000 millones de pesos del impuesto a los combustibles.
La justicia sostiene que se instauró una “maniobra de corrupción” -según los fiscales-, desde el Gobierno y organismos estatal vinculados a la obra pública, con quienes “se montó una organización criminal” para la “sustracción de fondos públicos a través de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales a favor de Lázaro Báez”.
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