La Dirección Nacional de Migraciones y la Cancillería argentina confirmaron a Clarín que dos sindicalistas venezolanos fueron deportados este lunes del país luego de ser retenidos en el aeropuerto internacional de
Ezeiza.
Ambos se encuentran en una lista de426 funcionarios del régimen de Nicolás Maduro que tienen prohibida la entrada a los países de la órbita del Grupo de Lima, entre ellos los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente creada por el mandatario venezolano para contrastar el poder de la Asamblea Nacional. Esta última es la que está dominada por la oposición, y cuyo titular es Juan Guaidó.
Los nombres de las personas retenidas en Ezeiza son Will Rangel, secretario general del Sindicato de Petroleros de Venezuela; y Jacobo Torres, secretario de Relaciones Internacionales también de PDVSA.
Desde la dirección de Migraciones, que controla Horacio García, informaron lo siguiente a Clarín. “En el vuelo de Copa CM 363 que llegó a a la 01:35 hs de hoy a Ezeiza, arribaron Jacobo Torres y Will Rangel, pasajeros venezolanos que tienen restricción de ingreso al país por un listado emanado de Cancillería. En razón de que llegaban para participar de un encuentro gremial, Migraciones les ofreció posponer la partida para el vuelo CM 278 de las 11:48 hs a fin de dar tiempo a una eventual solución al impedimento. Pero los pasajeros no quisieron aguardar el vuelo de las 11.48 hs, partiendo en el vuelo de Copa CM 364 de las 04.47 hs.”
Entre tanto, el titular de la CTA-Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy tildó la decisión de Migraciones y Cancillería de “vergonzosa y repudiable”. Dijo: “Cuatro sindicalistas venezolanos vinieron al congreso de CTA y a dos de ellos la policía no los dejó ingresar y los mandaron deportados a su país”. Según su versión, a Rangel y Torres “no les dieron ninguna explicación, no había ninguna orden de Interpol ni nada de eso” y dijo que “se los mantuvo incomunicados de 1 a 5 de la mañana en Ezeiza”.
Pero ambos dirigentes venezolanos, figuran en el listado que surgió de la decisión del grupo de Lima de junio de este año. La prohibición ampliada por consenso de Mauricio Macri y el canciller Jorge Faurie con sus pares del Grupo de Lima incluyó a 426 personas con la totalidad de los miembros de la Asamblea Constituyente que responde al poder chavista. En el marco de las medidas que el Grupo de Lima, esta acordó que sus países miembros adoptaran con posterioridad al 10 de enero de 2019 – “fecha de inicio de un nuevo período del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro”-, la “prohibición de ingreso a la República de altos funcionarios y personas estrechamente vinculadas al régimen venezolano”, señaló la resolución.
Adicionalmente, el gobierno de Mauricio Macri suspendió el acuerdo entre Argentina y Venezuela para la supresión de visados en pasaportes diplomáticos, oficiales y de servicio, “emitió alertas a entidades bancarias y financieras sobre los riesgos de operar con el gobierno de Venezuela o con empresas que son propiedad o se encuentran bajo el control del Estado venezolano, y suspendió toda cooperación militar con el régimen de Nicolás Maduro”.
La resolución sostuvo que dichas medidas tienen como objetivo “propiciar el retorno de la democracia en Venezuela, al afectar exclusivamente a los sujetos vinculados al régimen dictatorial de Maduro, no así al pueblo venezolano, a quien nuestro país ratifica nuestra solidaridad y respaldo en su lucha por la libertad y el respeto de los derechos humanos”.
Todas estas medidas podrían cambiar a partir del 10 de diciembre por el futuro presidente, Alberto Fernández, quien si bien no planea salirse del Grupo de Lima, dijo que iba a reconocer a Maduro como presidente y no a Guaidó, como lo hace Macri.
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