Deuda: para el mercado, las definiciones de Alberto Fernández anuncian que la negociación será dura

por ahora toman nota.

El martes se enteraron de que el presidente electo Alberto Fernández no espera contar con los dólares que aún restan desembolsar del acuerdo firmado en 2018 con el Fondo Monetario Internacional. Poco importa si ese dinero no llegarán porque el FMI decidió congelar el acuerdo o porque Alberto Fernández optó por no reclamarlos.

Ayer, los acreedores volvieron a escuchar que el país retomará los pagos de la deuda -asumiendo que se suspenderán en algún momento del año que viene, o tal vez en los últimos días del mes que viene- recién cuando la economía vuelva a crecer. Y también escucharon que la sociedad no resiste más ajustes.

Combinando estas definiciones del futuro Presidente surge un escenario que parece claro. Si no habrá plata fresca del FMI ni intenciones de achicar el déficit fiscal, los números del programa económico de Alberto Fernández cerrarán con una oferta agresiva a los bonistas.

Se aleja, a ojos de los acreedores, la posibilidad de una salida “a la uruguaya” (sin quita de capital). También “a la ucraniana” (20% de quita).

Hoy los bonos en dólares legislación local cotizan a una paridad del 37% de su valor. Y los papeles emitidos bajo ley extranjera, al 44%. Para especialistas consultados por Clarín, los precios están excesivamente bajos, pero ese castigo se explica justamente porque no hay señales nítidas de qué tienen en la cabeza los futuros funcionarios. Al mercado no le gusta la incertidumbre.

Lo más escuchado hasta ahora es que la propuesta del Gobierno tendrá dos elementos centrales: postergar por al menos dos años cualquier tipo de pago, reducir los cupones de interés y postergar varios años la fecha de devolución del capital.

Aún si se mantuviera el monto original del capital (es decir que no se aplique una quita) el valor presente de los bonos sufrirá una reducción importante, porque no es lo mismo recibir determinado monto de dinero en, por ejemplo, un año, que en tres. Y después, resta que el mercado le fije una tasa de retorno (exit yield) a los nuevos bonos que reciban.

En otras palabras, dónde quedará el riesgo país después de la reestructuración. Ese es un dato clave. Porque esta tasa dependerá del programa fiscal y de si dicho programa resulta creíble a los acreedores y también al Fondo Monetario. Si del programa fiscal y económico se desprende que la deuda es “sustentable”, la tasa tenderá a bajar, y será más fácil refinanciar los vencimientos de la deuda (como le ocurrió a Uruguay en su momento). Si los acreedores dudan de la capacidad de pago futura, esa tasa no bajará, y surgirán complicaciones más adelante.

Desde Nueva York, un administrador de fondos de inversión aportaba un matiz. “Algo de ajuste van a hacer, pero va a ser vía más impuestos, como suba de retenciones y de bienes personales y, además, modificar la fórmula de aumento de las jubilaciones, tomando la inflación esperada y no la pasada. Pero seguro que no van a continuar con el recorte de gastos que inició Macri”.

Una distinción que está surgiendo en estos días es entre bonos emitidos bajo ley local o extranjera. El Gobierno podría modificar unilateralmente las condiciones de pago de los primeros porque no fueron emitidos con cláusulas de acción colectiva. El mercado teme que dichos papeles sufran un castigo mayor. 

El economista Martín Guzman, cuyo nombre empezó a sonar con insistencia como futuro responsable de la negociación de la deuda, sostiene que solo despejando de pagos los dos próximos años, y sin quita, el país ganará oxígeno para, como dijo Alberto Fernández, volver a crecer y recuperar capacidad de pago. Se verá.