La vicepresidenta electa Cristina Fernández de Kirchner solicitará este jueves que sea abierta al público la transmisión de su declaración indagatoria prevista para el lunes en el marco
de la causa por supuestas irregularidades en la concesión de obra pública durante sus gobiernos.
Así lo adelantaron desde el entorno de la senadora nacional a Clarín. El pedido lo formalizará su abogado Carlos Beraldi, ante los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 2 (TOF2), en el que se lleva adelante ese juicio oral y público.
El pedido surge, entre otros motivos, porque las indagatorias que se realizaron ante el TOF 2 se transmitieron solamente a través de la intranet, es decir que sólo tuvieron acceso a esta transmisión en vivo periodistas y acreditados en el juicio.
Ante esta situación, la expresidenta pedirá que el video de su declaración se difunda por los canales públicos del Centro de Información Judicial (CIJ) para garantizar así el libre acceso a sus palabras.
Además, la ex mandataria quiere que se transmita en vivo su declaración indagatoria porque prepara un discurso de fuerte contenido político. Según fuentes del kirchnerismo, volverá a hablar de persecución e insistirá con que las causas en su contra fueron armadas.
Es la misma estrategia que tuvo cuando le tocó declarar en indagatoria en las diferentes causas en las que está procesada. Los escritos que presentó ante los jueces insistían en la tesis de la persecución y dejaban de lado una estrategia legal de defensa.
El juicio, el primero que enfrenta la expresidenta por las varias causas por presunta corrupción que le afectan, comenzó el 21 de mayo y Fernández se ausentó de varias sesiones con permiso del tribunal, principalmente alegando que le coincidían con sus labores como senadora.
El TOF 2 investiga el presunto direccionamiento de la adjudicación de obra pública, en la provincia de Santa Cruz, a favor de empresas de Lázaro Báez, excolaborador y amigo del expresidente Néstor Kirchner (2003-2007).
Según la acusación, en los 12 años de mandatos de Kirchner y de su esposa, se adjudicaron a Báez más de 50 obras, el 80 % del total, muchas de las cuales quedaron inacabadas, tuvieron sobreprecios o eran innecesarias.
A su vez, en otras causas ya se investiga el posible retorno de esos supuestos millonarios sobreprecios al matrimonio presidencial a través del alquiler de propiedades inmobiliarias de los Kirchner al propio Báez.
“He tenido la oportunidad de escuchar las imputaciones que se me han hecho, me reservo el derecho de declarar para una oportunidad más adelante”, expresó el dueño de Austral Construcciones al sentarse en el banquillo de los acusados y responder a preguntas del juez Giménez Uriburu, quien presidió el debate.
El empresario dio sus datos personales, informó que nació en Corrientes y luego se negó a hablar.
Báez sólo dijo que busca informarse “de la totalidad” de la causa porque es un expediente “voluminoso”.
“Con los ingenieros de las compañías estamos tratando de armar cada una de las respuestas a las imputaciones”, explicó.
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