Hace dos semanas, Omar “Caballo” Suárez dejó la casa familiar para cumplir su prisión domiciliaria solo, en otra propiedad. Así lo informó su abogado ante el Tribunal Oral Federal 4 (TOF
4) que tiene a su cargo la causa por asociación ilícita -entre otras acusaciones-, contra el ex sindicalista marítimo.
El Tribunal Oral 4, que juzga a “Caballo” Suárez por entorpecer las vías navegables, le concedió en abril de este año el beneficio de la prisión domiciliaria a raíz de los problemas de salud que padece. El ex jefe del SOMU en aquel momento, fue trasladado a la casa de su hija bajo el monitoreo de una pulsera electrónica
En aquella oportunidad, los jueces del TOF 4, Néstor Costabel, Gabriela López Íñiguez y Daniel Obligado, sostuvieron que en función de los informes médicos de los peritos se encontraron “ante el caso de un interno que presenta numerosas afecciones, las cuales requieren el seguimiento periódico de una variedad de especialidades médicas”.
Entre otras patologías se describió que Suárez sufre “una hipertensión arterial en tratamiento, bradicardia sinusal, dislipemia, hipoacusia moderada, acúfenos, cataratas y lumbalgia” También citaron una hemorragia digestiva con “extirpación de pólipos en diciembre de 2016” y se citó un accidente cerebro vascular que le dejó secuelas incluso en la marcha.
Otro factor que posibilitó su prisión domiciliaria fue su edad: “Con sesenta y nueve años, Suárez debe ser considerado una persona mayor en los términos del sistema interamericano de protección de derechos humanos”.
Sin embargo, hace dos semanas según confirmaron fuentes judiciales a Clarín, la defensa solicitó autorización ante el TOF 4 para que sea trasladado a otro domicilio por “cuestiones de índole familiar”. Desde su entorno explicaron, que hubo “roces familiares” que lo llevaron a querer cumplir con la prisión domiciliaria “solo en otra casa”.
La nueva propiedad donde cumple con la prisión preventiva dictada por el juez Rodolfo Canicoba Corral, se encuentra en Villa Pueyrredón. La medida fue aceptada por el TOF 4.
El ex sindicalista marítimo está detenido desde septiembre de 2016 pen la causa donde se lo investigó por no permitir el ingreso de barcos a los puertos. Además, está procesado en otra causa por asociación ilícita, coacción agravada y administración fraudulenta por pedirle dinero a empresas del sector en concepto de donaciones para permitirles el ingreso a los puertos.
Por la obstrucción de las vías navegables, el Tribunal Oral 4 debe juzgarlo por “ser el jefe y organizador de una asociación ilícita” y haber ejercido “coacción agravada” (extorsión) contra empresarios navieros y “administración fraudulenta” en detrimento del sindicato y de la obra social.
En la causa que el fiscal Gerardo Pollicita acusó además a otras 10 personas del entorno de Suárez, incluidos sus laderos Rigoberto Cardozo y Jorge Vargas.
El ex secretario general del SOMU, según Pollicita, “organizó una maniobra delictiva consistente en exigirle ilegítimamente a distintas empresas del sector naviero en concepto de donaciones o liberalidades, sumas dinerarias presuntamente destinadas a capacitar a los marineros afiliados al SOMU”.
Del expediente se desprende que dichos fondos eran “desviados luego a través de una empresa de la que era titular y terminaban en el patrimonio personal de los acusados”, señala el dictamen del fiscal al que accedió Clarín.
En tal sentido, la justicia sostuvo que todos los involucrados en la causa, “actuaron con la doble finalidad de dañar las economías del SOMU y la OSPM (la obra social del gremio) obteniendo, a través de ello, indebidas ventajas patrimoniales para la asociación ilícita encabezada por Suárez y, principalmente, para el patrimonio particular”, del ex sindicalista.
En la causa se enumeraron cinco casos en los que el juez da como comprobado que Suárez extorsionaba a las empresas para dejarlas operar. Incluye buques metaneros que, desde 2008, empezaron a descargar gas licuado en el puerto de Escobar y que la cuenta final la pagaba Enarsa. Clarín fue el primer medio en informar de estos casos de extorsión en marzo de 2012.
También se planteó una triangulación de fondos entre empresas relacionadas con Suárez y su entorno: la principal es San Jorge Marítima (SJM), que recibió millones de dólares por conceptos vinculados a cursos de capacitación.
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