Después de la indagatoria ante el juez Luis Rodríguez del ex ministro Juan José Aranguren, este miércoles será el turno de Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción (OA).
Ambos se encuentran imputados por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública.
La denuncia se enfoca en el paquete accionario que tenía Aranguren en la compañía Shell y a través de las cuales se había visto favorecido con compras de energía a Chile y la suba de combustibles.
Aranguren se desprendió de sus acciones de Shell en noviembre de 2016, después de un dictamen de la OA que recomendaba la venta. Pese a ello, el presunto delito existió mientras estuvo en poder de esas acciones y tomó esas decisiones. La imputación contra Alonso es por presunto encubrimiento de la “conducta” del ex ministro de Energía “cuando se encontraba obligada a investigarlo”.
El juez Rodríguez citó a indagatoria al ex funcionario, que abandonó la gestión en junio del año pasado, y a la titular de la OA, en el marco de la causa que inició en 2016 con una denuncia presentada por dos diputados del Frente para la Victoria. Cuando fue imputado en la causa, el fiscal Carlos Stornelli solicitó una serie de medidas de prueba para avanzar con la investigación.
La denuncia había sido presentada por los diputados Martin Doñate y Rodolfo Tailhade, quienes sostuvieron que “el aumento del valor del gas pagado a los productores en la República Argentina” impactaría positivamente en el patrimonio del ministro, porque “es titular de más de 13 millones de pesos en acciones de la empresa” Shell S.A.
Doñete y Tailhade, los denunciantes, sostuvieron además que “el ministro Aranguren y otros funcionarios del Ministerio de Energía y Minería de la Nación han provocado una serie de actos perjudiciales para el Estado nacional en el marco de un desempeño incompatible con la función pública, justamente los que venimos a denunciar, con posterioridad a la presentación” ante la Oficina Anticorrupción.
En el expediente se remarcó que con la “la decisión estratégica” del Ministerio de Energía “de importar gas por el puerto de Chile en lugar de las vías que ya estaban en uso, el gasoducto con Bolivia por ejemplo“, se “puso en situación de privilegio a la empresa Shell, que es dueña de BG (British Gas, adquirida el año pasado), la mayor proveedora de Gas del vecino país trasandino”.
Las sospechas sobe el ex ministro son que podría haberse favorecido con el incremento de las tarifas de gas “al cumplir un doble rol como funcionario público y accionista”.
Después de declarar ante Rodríguez, el ex ministro dijo que el incremento en el precio del gas no le llega a las compañías petroleras. “El periodo 2016-2017 que es producto de la imputación es el Plan Gas diseñado por la anterior gestión. El incremento de precio que sufrieron los usuarios residenciales permitió una reducción de los subsidios”, explicó.
Por otro lado, en su defensa, argumentó: “Nunca me interesé por un proveedor sino en beneficio del interés público. No había mayor capacidad en Bolivia y hubo un ahorro de 54 millones de dólares para el Estado“, añadió.
Esta es una de las tantas causas que se reactivaron contra el gabinete de Mauricio Macri a días de que deje la Casa Rosada.
JPE
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