El tribunal penal que condenó a 45 y 42 años en prisión a los curas del instituto Antonio Próvolo sumó un pedido al Ministerio de Salud de Mendoza y a los organismos
de discapacidad, educación y acción social para que las víctimas, alrededor de 20, reciban atención y contención para poder comenzar una nueva vida.
La medida que resulta reparadora fue propuesta por la querella, patrocinada por la ONG de derechos humanos Xumek. Los jueces Carlos Díaz, Mauricio Juan y Ezequiel Crivelli en su fallo incluyeron: “Recomendar al Ministerio de Salud de Mendoza que brinde tratamiento sicológico o siquiátrico, mediación gratuita, asistencia con intérpretes de lengua de señas, traslado y contención durante el tiempo que sea necesario para que las víctimas puedan superar su trauma”, producto de los abusos sexuales, corrupción de menores y maltratos que sufrieron en el colegio católico.
También pidieron que la Dirección General de Escuelas brinde opción formativa, según sus capacidades y necesidades para “ayudarlos en su proyecto de vida”, incluyendo educación universitaria o terciaria; y otorgando becas para que puedan cursar y concluir sus estudios. Y que el área de Desarrollo Social ofrezca becas y pasantías rentadas a las víctimas para colaborar con su “reinserción laboral”.
En una jornada histórica, se dictó la sentencia a los los curas Horacio Corbacho y Nicola Corradi y el ex jardinero Armando Gómez. Fueron condenados por los abusos a menores discapacitados en el instituto Antonio Próvolo , ubicado en Lujan de Cuyo, Mendoza.
La última petición del tribunal apuntó a que, desde el Gobierno de la provincia, se promuevan talleres o cursos de capacitación para que la población interesada pueda acceder al estudio de la Lengua de Seña Argentina.
El subsecretario de Salud de Mendoza, Oscar Sagás, explicó a Clarín que desde octubre de 2017 existe una mesa de enlace para los protección y promoción de los derechos y contención de los ex alumnos del Provolo. “Tenemos documentado todo el trabajo realizado con las distintas áreas: salud mental, programa provincial del maltrato infantil, departamento de trabajo social, dirección de discapacidad, dirección de educación especial y el centro de atención a víctimas de delito del Ministerio de Seguridad”, detalló.
El acompañamiento a las víctimas incluye la movilidad, la presencia de un intérprete de señas ante cada actuación de los organismo públicos, y la asistencia social y económica de las familias que lo necesitan.
“Cuando estalló este caso, nos encontramos con una grupo vulnerable, de escasos recursos económicos y con problemáticas sociales, de género, asuntos jurídicos y protección y promoción de derechos; por lo que decidimos canalizar todas las acciones a través de esta mesa de enlace”, dijo Sagás.
Desde hace dos años, la subsecretaría de Salud ha trabajado con 14 víctimas que declararon en la causa y otros 6 ex alumnos que han estado vinculados a la denuncia, con edades que iban desde los 16 a los 24 años. El 80 por ciento está en tratamiento psicológico. “Hemos hecho todo lo que teníamos que hacer por estas víctimas. Son más de 200 fojas de actuación desde el Ministerio y vamos a continuar acompañándonos como lo requiere la Justicia”, dijo el subsecretario. Y describió la situación con la que se encontraron como: “Abrimos una caja de pandora porque detrás de cada víctima aparecieron muchas complicaciones. Estábamos frente a chicos y adolescentes discapacitados que habían pasado por situaciones graves”.
Para la ONG Xumek es imperioso instaurar la figura del Defensor del Niño para evitar que se repita un caso de estas características. Los querellantes solicitaron a la Legislatura de Mendoza que se discuta el proyecto de ley de la figura del Defensor del Niño, con competencias para intervenir en ámbitos públicos o privados, laicos o religiosos, dando cumplimiento a lo establecido en el art. 52 de la Ley 9139.
A la vez, se ponderó que esta figura tenga la competencia para auditar instituciones en la que se encuentren niños albergados.
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