¿Puede ser Brasil el próximo país alcanzado por la ola de protestas masivas?

buena parte de Latinoamérica en el último tiempo?

La pregunta parece inquietar al gobierno de Jair Bolsonaro, que ha comenzado a mostrarse dispuesto a endurecer las medidas represivas e incluso adoptar métodos de la última dictadura militar para contener posibles desbordes.

Bolsonaro admitió en la noche del lunes que un proyecto de ley oficial que exime de culpa a agentes de seguridad y militares que cometan algún exceso prohibido por ley durante operaciones especiales podría ser aplicado para evitar protestas.

“Protesta es una cosa. Vandalismo y terrorismo es otra completamente diferente. Si van a incendiar ómnibus y bancos, invadir ministerios, eso no es una protesta. Si el Congreso apoya lo que estamos pidiendo, esas protestas van a ser simplemente impedidas”, dijo el presidente a la prensa local.

Bolsonaro había sido consultado sobre si existe relación entre el proyecto del gobierno, llamado de “excluyente de ilicitud”, y algún intento por evitar en suelo brasileño manifestaciones similares a las que sacuden a vecinos como Chile y Bolivia.

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En la misma sintonía que el presidente, el ministro de Economía brasileño Paulo Guedes también dijo en la noche del lunes que “no se asusten” si alguien pide al gobierno que aplique tácticas de la dictadura para controlar las calles ante un eventual escenario de “caos” similar al que sacudió a varios países de Latinoamérica.

Durante una visita oficial en Washington, Guedes aseguró a periodistas brasileños que es “irresponsable llamar a las personas a la calle”, en una crítica elíptica al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y a la oposición de izquierda que habla de manifestarse contra el gobierno.

El ministro se refirió a una medida conocida como AI-5, instrumentada en 1968 por el presidente de facto Arthur Costa y Silva, que suspendió garantías constitucionales y les quitó a los congresistas derechos político, en el inicio de una época marcada por detenciones clandestinas y torturas.

Luego Guedes se corrigió y en la misma conferencia de prensa dijo que el AI-5 sería “inconcebible” en Brasil.

El presidente de la Cámara, Rodrigo Maia, y el presidente del Supremo Tribunal, José Antonio Dias Toffoli, repudiaron las declaraciones. Toffoli dijo que el AI-5 es “incompatible con la democracia”.

De acuerdo con analistas consultados por The Associated Press, el gobierno se muestra temeroso de que se produzcan protestas análogas a las de otros países, pero resaltaron que en lo inmediato no existen señales de que pueda haber masivos movimientos de protesta. Además, destacaron la influencia que puede adquirir el expresidente Lula –liberado el pasado 8 de noviembre– para conducir a descontentos con el gobierno en las calles.

“Hay un potencial de insatisfacción grande alimentado por la retomada lenta de la economía, pero no existe en este momento una coalición de fuerzas capaz de movilizar masivamente a la población contra el gobierno”, dijo Paulo Calmon, politólogo de la Universidad de Brasilia.

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El gobierno brasileño fijó la previsión de crecimiento del Producto Bruto Interno en cerca de 1% para 2019, dato que confirma que la economía brasileña se mantendrá técnicamente estancada, y admite que apenas crecería hacia el fin del mandato, en 2022. En Brasil más de 12 millones de personas están desempleadas.

Calmon aseguró que el escenario podría modificarse a medida que Lula comience a ejercer su liderazgo sobre la oposición. “Puede abrirse un nuevo capítulo, pero por el momento no hay un proceso de movilización en marcha”.

Mauricio Santoro, politólogo de la Universidad del estado de Río de Janeiro, dijo que las iniciativas oficiales, que calificó como “autoritarias”, dan cuenta de un gobierno asustado ante la posibilidad de convulsiones sociales.

“Existe preocupación de que Lula pueda ejercer un liderazgo importante y crear problemas para el gobierno”, dijo Santoro, al mismo tiempo que destacó que la “profunda” división ideológica en Brasil dificulta la aparición de grandes movimientos de protesta unidos detrás de un reclamo.