El fiscal del juicio por “la ruta del dinero K”, Abel Córdoba, se opuso a la excarcelación de Lázaro Báez. La prórroga por ocho meses de su prisión preventiva que dictaminó
el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) vence en los próximos días, por eso se pronunció el representante del ministerio Público Fiscal. Córdoba argumentó que el caso está contemplado en las nuevas restricciones a las prisiones preventivas incluidas en el Código Procesal Penal. El Gobierno, a través de la Oficina Anticorrupción (OA), ya había requerido que el contratista K continúe preso hasta tanto concluya el juicio en su contra por lavado de dinero.
Báez quedó detenido el 5 de abril de 2016 por orden del juez Sebastián Casanello, en el marco de la causa por lavado de dinero que ahora se encuentra en pleno juicio oral. Desde entonces, primero se amplió en un año el límite máximo de la preventiva -dos años- y luego el TOF 4 prorrogó por ocho meses su prisión preventiva, medida que vencerá en diciembre.
En su dictamen, Córdoba pidió que el contratista K no sea excarcelado, pues los riesgos de fuga establecidos en el artículo 221 del Código “han sido valorados desde el inicio de esta prisión preventiva, como la disposición de medios y facilidades para abandonar el país o permanecer oculto”.
El fiscal también cree que Báez podría entorpecer la investigación, pues “resulta central el inciso “b” -del Código Procesal- referido a la posibilidad de que el acusado pueda asegurar el provecho del delito o continuar su ejecución“, señaló.
A estos argumentos -que coinciden con las querellas que solicitaron que Lázaro Báez siga preso- Córdoba sumó que la “indudable criminalidad transnacional, potencia los indicadores vigentes del riesgo procesal, en tanto el acusado no ya instigaría, sino que podría contar con la colaboración de aquellas personas escogidas para asumir roles formales en sociedades y cuentas radicadas en el exterior que continúan bajo el dominio de Lázaro Báez”.
Con esta misma tesitura, el fiscal remarcó que muchas operaciones se concretaron con la simple orden del empresario K, “como se ha constatado en destinos como Bahamas, Panamá, Islas Marshall, Dubai y Suiza”.
Por ello, pidió que se prorrogue la prisión preventiva “hasta la finalización del juicio oral”, rechazando además cualquier morigeración que se pudiera solicitar, como una prisión domiciliaria.
Báez permanece alojado en el Pabellón 6 del Penal de Ezeiza. En reiteradas oportunidades solicitó su excarcelación sin que la justicia se la concediera, pero ahora se ilusiona con el cambio de gobierno.
“Fui detenido cinematográficamente y de forma injusta, soy víctima de una operación atroz“, dijo la semana pasada, al leer un extenso descargo ante el TOF 4. Se quejó públicamente de la prisión preventiva dictada por él, atribuyéndola únicamente a una “operación para perjudicar a Cristina Fernández”.
En estos años, el juez Casanello encontró diversos motivos para confirmar su detención, todos vinculados a la obstrucción de la investigación que se encontraba en curso.
Ante su inminente vencimiento, el Tribunal le pidió a la OA que se expida al respecto. Según el organismo que conduce Laura Alonso, se consideró la última prórroga el “lapso prudencial que se estimaba para la finalización del debate oral y público que está siendo sustanciado”.
El organismo anticorrupción entendió que los motivos que condujeron inicialmente a Báez a contar con una prisión preventiva “se mantienen actualmente vigentes”, por lo que “no cabe sino concluir que, de recuperar el imputado Báez su libertad, intentará eludir la acción de la Justicia o entorpecer las investigaciones“.
En ese sentido, “se ha constatado que, incluso durante la sustanciación del proceso, integrantes de la familia Báez constituyeron sociedades y abrieron cuentas bancarias en Bahamas, a través de las cuales canalizaron parte del dinero que había sido expatriado a Suiza y que es materia de pesquisa, logrando de ese modo sustraerlo de eventuales medidas cautelares”, insistió la OA.
En este expediente, el juez Sebastián Casanello procesó a Báez, a sus cuatro hijos y a otros 21 imputados, por haber montado una estructura de “sociedades y cuentas bancarias en el exterior que permitieron el blanqueo de por lo menos unos sesenta millones de dólares”. Para estas operaciones se utilizaron firmas como Austral Construcciones (adjudicataria de 52 contratos viales por 46.000 millones de pesos), la financiera SGI, la empresa Helvetic entre las principales.
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