Miembros de la policía nacional de Chile (Carabineros) cometieron graves violaciones de derechos humanos, que incluyen uso excesivo de la fuerza en las calles y abusos en detención,
luego de masivas protestas que comenzaron el 18 de octubre de 2019 y continuaron durante varias semanas, señaló este martes Human Rights Watch.
La ONG se reunió con el presidente Sebastián Piñera este martes 26 de noviembre para hacerle entrega de un informe que incluye evidencia sólida de uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y transeúntes y recomendaciones orientadas a prevenir abusos de Carabineros y a fortalecer sus mecanismos de supervisión.
Desde que comenzaron las manifestaciones y hasta el 21 de noviembre, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó ante el Ministerio Público 442 querellas en representación de víctimas de presuntas lesiones, tratos crueles, torturas, abusos sexuales, homicidios y tentativas de homicidios atribuibles a fuerzas de seguridad.
Ronald Barrales al llegar al Hospital Santa María Hospital el 11 de noviembre. A la derecha, en una radiografía el perdigón que le impactó en el ojo se observa como un objeto redondo brillante.
“Hay centenares de preocupantes denuncias sobre uso excesivo de la fuerza en las calles y abusos contra detenidos tales como golpizas brutales y abusos sexuales, que no pueden quedar impunes y deben ser pronta y rigurosamente investigadas y sancionadas”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
“Factores como el uso indiscriminado e indebido de armas y escopetas antidisturbios; los abusos contra personas detenidas mientras estaban a disposición de las autoridades y sistemas de control internos deficientes facilitaron que se produjeran graves violaciones de los derechos de muchos chilenos. Es justamente por ello que las autoridades deben impulsar una reforma policial urgente”, exhortó.
Las protestas comenzaron como una reacción frente al aumento en las tarifas del transporte público y han continuado durante más de un mes, reflejando un descontento masivo por profundas deficiencias en los servicios públicos y la desigualdad económica.
El 18 de octubre, el Presidente Piñera declaró el estado de emergencia en varias regiones del país, desplegando a los militares para asegurar su cumplimiento. El estado de emergencia, que incluyó un toque de queda y restringió la libertad de circulación, fue levantado el 28 de octubre.
En noviembre, Human Rights Watch entrevistó a más de 70 personas en Santiago y Valparaíso. Y, según detalla el informe, recabó pruebas consistentes que Carabineros utilizó la fuerza de manera excesiva en respuesta a las protestas e hirió a miles de personas, independientemente de si habían participado en hechos violentos o no.
Claudio Muñoz el 21 de octubre, el día que fue liberado.
Los servicios de urgencias médicas del país atendieron a 11.564 personas heridas relacionadas a las manifestaciones entre el 18 de octubre y el 22 de noviembre.
El informe subraya como una “cuestión particularmente alarmante”, el uso de escopetas que “disparan perdigones en forma indiscriminada”.
“La escopeta antidisturbios causó más de 220 lesiones oculares”, dice.
El 17 de noviembre, el Ministerio de Salud reportó que 16 personas habían perdido la visión total en un ojo y que 34 habían sufrido heridas graves en un ojo que podrían resultar en pérdida de visión total o parcial.
Dos días después, Carabineros suspendió el uso de la escopeta.
“Debido a la falta de precisión propia de estas armas, su impacto indiscriminado y las pruebas de las graves lesiones que han causado, su uso debería suspenderse en forma indefinida en todas las circunstancias”, sostuvo Human Rights Watch.
Pero además, miembros de Carabineros también golpearon ferozmente a manifestantes, dispararon con municiones llamadas “bean bag” (que consisten en perdigones de plomo dentro de una bolsa de tela) o con cartuchos de gases lacrimógenos dirigidos directamente a los manifestantes, y atropellaron a algunos con vehículos o motocicletas oficiales.
Actualmente, la Fiscalía Nacional está investigando 26 muertes. Entre ellas está el caso de un manifestante que murió después de presuntamente recibir una golpiza de carabineros en la calle.
Carabineros detuvo a más de 15.000 personas y cometió abusos contra algunas de ellas.
Además de las torturas a detenidos, otra de las acusaciones más frecuentes fue que carabineros obligaron a detenidos, incluidos niños y niñas, a desvestirse y hacer sentadillas totalmente desnudos en comisarías. Esta práctica de desnudamientos se encuentra prohibida en los protocolos de Carabineros desde marzo de 2019 pero todavía ocurre, agrega.
Fuente: Human Rights Watch
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