La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, advirtió este sábado que no promulgará una ley como la que propone el partido de Evo Morales para
darle inmunidad a él y al resto de autoridades que nombró como presidente.
Áñez acusó al Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Morales, de pretender aprovechar su mayoría parlamentaria para dejar impunes a quienes hayan cometido delitos y “burlado de la ley”.
El proyecto del MAS fue presentado luego de que el gobierno de Áñez denunciara ante la Fiscalía por cargos de terrorismo y sedición a Evo Morales, quien abandonó Bolivia el pasado 10 de noviembre, después de que las Fuerzas Armadas lo forzaran a dejar la Presidencia, y recibió asilo en México.
“Todo aquel que ha cometido delitos y se ha burlado de la ley; ha cometido abusos, no tendrá amnistía de ningún tipo”, afirmó Áñez en una declaración a la prensa.
“No podemos otorgar protección a quienes han sometido, perseguido, engañado y burlado a los bolivianos. Pido a todos los bolivianos estar atentos. Esta ‘ley de la impunidad’ no puede ser aprobada, nuestros principios no son negociables”, agregó la ex senadora de derecha que asumió el cargo ante el vacío de poder que dejó la renuncia de Morales, de su vice Alvaro García Linera, y de los titulares de ambas cámaras del Parlamento.
El viernes, el gobierno de Añez presentó una querella ante la Fiscalía por los delitos de sedición y terrorismo contra el ex presidente Morales y su ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, por sus supuestos mensajes de incitación a la violencia en medio de la crisis por las denuncias de fraude en las elecciones del 20 de octubre.
Este sábado, la senadora del MAS Sonia Chiri presentó un proyecto de de ley “extraordinaria”, con el objetivo de prohibir “aprehensiones y procesos judiciales” contra Morales y el que fuera su vicepresidente durante sus casi 14 años en el poder, Álvaro García Linera.
Líderes sociales, dirigentes sindicales, “personas movilizadas”, autoridades electas, funcionarios designados y de libre nombramiento del gobierno que dirigió Morales también se incluyen entre quienes gozarían de inmunidad.
El texto menciona de forma destacada a las Fuerzas Armadas y a la Policía entre las instituciones, poderes del Estado, empresas públicas e incluso la administración “privada” que estarían obligadas a respetar esa inmunidad.
La propuesta de ley prevé que el gobierno indemnice a las familias de los muertos y que se haga cargo de los heridos en actos de violencia “a partir del 10 de noviembre” pasado, fecha en que Morales anunció su renuncia al poder forzado por las Fuerzas Armadas.
Estos actos, añade, deberán ser investigados judicialmente con apoyo de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la propia Asamblea Legislativa de Bolivia.
Igualmente, reclama la liberación de los detenidos en las movilizaciones desde los comicios del 20 de octubre.
Según datos de la Defensoría del Pueblo, desde esa fecha hubo 32 muertos, 804 heridos y 1.481 arrestados, aunque solo 54 quedaron detenidos, en distintas protestas en Bolivia.
Fuente: AFP y EFE
TEMAS QUE APARECEN EN ESTA NOTA
CARGANDO COMENTARIOS
Clarín
Para comentar debés activar tu cuenta haciendo clic en el e-mail que te enviamos a la casilla ¿No encontraste el e-mail? Hace clic acá y te lo volvemos a enviar.
Clarín
Para comentar nuestras notas por favor completá los siguientes datos.