EL CICLO NEOLIBERAL
En esos años, América Latina ingresó entusiasta en el Consenso de Washington. Esa terminología, creada por el economista John Willianson, sirvió para denominar un programa político que implicaba para los países subdesarrollados llevar a cabo un conjunto de reformas estándar que les permitirían superar la crisis económica de la década pasada.
Esas medidas consistían en general: disciplina en la política fiscal evitando los grandes déficits, el fin de los subsidios al consumo, reforma tributaria, liberalización del comercio, supresión de las barreras a la inversión extranjera directa, seguridad jurídica a la propiedad, privatización de las empresas estatales, etc.
Una serie de gobiernos latinoamericanos se convirtieron en el símbolo de esta época por abrir sus respectivas economías al comercio internacional. Destacaron entre ellos: Carlos Salinas de Gortari en México, Fernando Collor de Mello y Fernando Henrique Cardozo en Brasil, Gonzalo Sánchez de Lozada en Bolivia, Alberto Fujimori en Perú, Leonel Fernández en Santo Domingo y por sobre todos Carlos S. Menem en Argentina.
El Ciclo Neoliberal duró aproximadamente una década. El “efecto tequila”, en 1995, provocado por la falta de reservas internacionales que causó la devaluación del peso mexicano durante los primeros días de la presidencia de Ernesto Zedillo, y sus consecuencias, el “efecto caipiriña” en Brasil, en 1997, y el siguiente “efecto tango” en Argentina marcaron el comienzo del fin.
La experiencia neoliberal colapsó como producto de los elevados niveles de corrupción de los gobiernos que la llevaron a cabo, del quiebre de las industrias locales, pero, en especial, por los deseos de algunos políticos de perpetuarse a cualquier costo en la presidencia (Carlos S, Menem, Alberto Fujimori, Leonel Fernández, etc.).
Con el paso del tiempo, aquellos sectores excluidos del derrame de la economía liberal se hicieron muy numerosos, el cansancio del electorado ante la corrupción y la impunidad impulsaron los deseos de cambio del electorado en la mayoría de los países.
EL CICLO DEL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI
El arranque del siglo XXI llegó con un enorme clamor antiliberal. Líderes carismáticos llegaron al poder impulsados por el apoyo popular y por una condición internacional favorable para los países exportadores de materias primas.
Las economías latinoamericanas crecieron, entre 2003 y 2012, por encima del 4% según datos de la CEPAL. Desde los años sesenta, la región no registraba un período de crecimiento tan sostenido.
Entre 2002 y 2012, los niveles de pobreza disminuyeron del 44% al 29%, mientras que los de la pobreza extrema disminuyeron del 19,5% al 11,5%, con un incremento considerable de los estratos medios. También se produjo un notable incremento del gasto público. Y eso redundo en inclusión social. Entre 1999 y 2011, según la UNESCO, el nivel de escolarización inicial pasó del 55% al 75%.
Sin embargo, el costo de estas mejoras fue muy alto en pérdida de calidad institucional, corrupción y falta de transparencia y alternancia democrática.
Las figuras emblemáticas de este tiempo son Hugo Chávez y su sucesor Nicolás Maduro en Venezuela, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, Néstor y Cristina Kirchner en Argentina y Daniel Ortega en Nicaragua, y en menor medida también podría incluir en este grupo a Luis Inácio Lula Da Silva y Dilma Rousseff en Brasil. Todos estos presidentes, de un modo u otro albergaron la idea de llevar a la región, en el siglo XXI, hacia el socialismo.
¿SOCIALISMO O POPULISMO?
La expresión “socialismo del siglo XXI” es un concepto que aparece en la escena mundial en 1996, a través del sociólogo alemán Heinz Dietrich Steffan.
El término adquirió difusión mundial desde que fue mencionado en un discurso por el líder bolivariano Hugo Chávez, el 30 de enero de 2005, en el V Foro Social Mundial, en la ciudad de San Pablo. A diferencia del decimonómico socialismo marxista el socialismo del siglo XXI, en su vertiente sudamericana, abandona el ateísmo y se inspira en el cristianismo, acepta la propiedad privada en tanto no degenere en “acumulación egoísta”, la democracia participativa y protagónica y la intervención central de las organizaciones de base en la construcción de una sociedad libre de explotación.
El socialismo del siglo XXI fue adoptado inmediatamente como programa político por los gobiernos de Bolivia, Ecuador, Nicaragua. En tanto que el kirchnerismo prefirió, sin renegar del socialismo del siglo XXI, definir su programa político como el “modelo de crecimiento de matriz diversificada con inclusión social” o más simplemente “el modelo”, en tanto el Partido de los Trabajadores gobernante en Brasil no se definió claramente sobre el tema.
Durante todo el período, los Estados Unidos abocados a la “guerra contra el terror” y con demandantes compromisos en Oriente Medio estuvieron en gran medida ausentes de la región.
EL POPULISMO LATINOAMERICANO
No importa demasiado la denominación que adopten para sí mismos estos gobiernos, desde el punto de vista de la moderna ciencia política, constituyen una expresión más del populismo de izquierda.
En sentido lato el adjetivo “populista” se aplica para descalificar a quien apela a los bajos instintos y promesas de imposible cumplimiento. Un líder populista suele apelar al clientelismo político para lograr la confianza y el apoyo de la masa popular en lugar de apelar a la ciudadanía, que es el más importante sujeto colectivo de la democracia representativa.
A un dirigente populista se lo identifica, además, en la aspiración de dividir y polarizar a la ciudadanía a través de la lógica amigo – enemigo, creando una brecha entre las personas en todas las sociedades en que alcanzan el poder.
El populista necesita siempre de un enemigo: el nosotros contra ellos. Apelando a teorías conspirativas crean un enemigo siempre difuso y perverso: los burgueses, el capitalismo, el imperialismo, el neoliberalismo, las corporaciones, etc.
El líder populista es siempre un paladín que enfrenta una serie de enemigos internos y externos, como responsables de los males de la Nación o del pueblo y la consiguiente demanda de liberación del yugo opresor.
Los líderes populistas suelen ser figuras carismáticas que sostienen la excepcionalidad de sus personas, países, pueblos y destinos y elaboran doctrinas políticas que justifican la inevitable necesidad de su autoridad y la virtud de sus regímenes políticos como alternativas superiores a la (siempre corrupta) democracia liberal.
Los populistas latinoamericanos que se identifican con “socialismo del siglo XXI” apelaron para instalarse en el poder a sectores hasta entonces marginados del juego electoral: indígenas, trabajadores desocupados, jubilados y sectores populares excluidos de la economía formal.
El populismo latinoamericano suele prescindir de la clase obrera sindicalizada, definida por el marxismo como sujeto histórico; supera la incomodidad tradicional de la izquierda con la idea de Nación, considerada como propia de la derecha y del fascismo, sitúa al pueblo y a la soberanía en el centro de su actuación y se planta ante las urnas al frente de un partido político hegemónico y apelando a prácticas clientelares para luego imponerse ampliamente en los comicios y (aunque no lo confiese públicamente) reemplazar a la democracia representativa por un nuevo tipo de socialismo democrático.
Como el lector habrá comprendido a esta altura el “populismo latinoamericano” es una forma atenuada de régimen totalitario y por tanto comparte muchos de sus rasgos.
El régimen se basa en el culto a la personalidad y en la infalibilidad del líder que es el único capaz de interpretar el sentido de la historia.
Existe un partido oficial en situación de hegemonía que confunde sus intereses -y su patrimonio- con el Estado, al tiempo que permite al régimen una imitación ritual de las formas de la democracia liberal.
Tiende a la paulatina supresión del Estado de Derecho y su reemplazo por un estado semipolicial donde la oposición es intimidada no sólo por las fuerzas de seguridad y el aparato de inteligencia sino también por el activismo agresivo de ciertas organizaciones sociales que convierten a sus miembros en una suerte de milicia informal (que apela a movilizaciones, “escraches” y desmanes organizados) que se adueña del espacio público, borrando la línea entre legal e ilegal.
Un omnipresente aparato de propaganda tan estatal como privado que insiste en los logros del régimen (muchas veces adulterando groseramente los datos de la realidad). Al mismo tiempo la propaganda oficial se concentra en denostar a la oposición.
En los casos de Venezuela con Hugo Chávez y de Argentina con Cristina Kirchner, el aparato oficial de propaganda se reforzaba con los largos monólogos (en general bastante mesiánicos e incoherentes) que el presidente solía realizar a través de la cadena oficial de radiodifusión en forma diaria.
Tanto Chávez como Cristina Kirchner empleaban un lenguaje llano que solía caer en el relato autorreferencial para marcar la línea política de su gobierno, detener cualquier tipo de cuestionamiento o disidencia dentro de sus filas e intimidar a los opositores.
La reivindicación de la democracia, consistente en la narrativa de los modelos populistas, esconde apenas la intención de reducir las instituciones republicanas a un esquema moldeable según las circunstancias.
Los parlamentos, controlados por legisladores oficialistas, se subordinan totalmente y se convierten en meras “escribanías” del poder ejecutivo aprobando leyes y gastos presupuestarios sin ejercer ningún tipo de cuestionamiento o control.
La justicia también se acomoda a las necesidades del poder actuando con celeridad o pronunciada demora según los intereses que el régimen tenga en el caso. Tampoco faltan las persecuciones judiciales a los opositores.
Por último, el cuadro se completa con la modificación de los textos constitucionales para permitir la reelección indefinida del presidente y su consecuente perpetuación en el poder.
EL OCASO POPULISTA
Con una economía regional que para 2016 tendrá una recesión del 0,3%, según la CEPAL, y asediados por las denuncias de corrupción, los gobiernos populistas latinoamericanos entraron en una profunda crisis de legitimidad.
En todos los países, diversos sectores comenzaron a reclamar mayor transparencia en el gobierno, lucha contra la corrupción y un recambio generacional.
Las causas de la crisis se encuentran principalmente en la caída de los precios internacionales de las materias primas. Entre 2011 y 2015, el desplome de los precios de los metales y de la energía (petróleo, gas y carbón) fue de casi un 50%. Sólo en 2015, los precios de los productos energéticos descendieron un 24%.
En ese contexto internacional desfavorable, Nicolás Maduro, en 2015, perdió las elecciones legislativas y se puso a tiro de un “referéndum revocatorio” que podría clausurar la experiencia de la revolución bolivariana.
Además, con Barak Obama abrazándose con Raúl Castro en La Habana, la teoría conspirativa de la agresión estadounidense perdió vigencia como elemento aglutinador entre el pueblo venezolano y la dirigencia chavista.
En Bolivia, la derrota de Evo Morales, en su intento por acceder a un cuarto mandato presidencial consecutivo a través de un referéndum está ligado no sólo a las denuncias por corrupción sino especialmente a la contracción de las exportaciones de gas, en precios y volúmenes. Ese producto ocupa el 52% de las exportaciones bolivianas.
El precio del gas natural descendió un 40% en los últimos doce meses. Bolivia produce 52 millones de metros cúbicos diarios, de los cuales 41 millones son comprados por Brasil y la Argentina.
El problema adicional es que estos dos países se encuentran atrapados en una crisis. La economía brasileña atraviesa un penoso ciclo recesivo. Y la Argentina, al menos por el momento, se encuentra estancada.
Una hecatombe similar le ocurrió en Argentina al gobierno kirchnerista, en 2015, y no sólo por el descenso del precio de la soja sino por los desaguisados económicos de todo tipo que llevaron al país a tener la tercera mayor inflación del mundo. Dejando al 30% de la población en la pobreza y el 13% en la indigencia, la larga década kirchnerista dejó mucha más exclusión que inclusión. Además de una escandalosa corrupción que generó una clase de dirigentes millonarios en un país cada vez más pobre. Bajo el gobierno de Cristina Kirchner, Argentina se convirtió en la mayor kleptocracia de la región.
A fines de 2014 se produjo una crisis política que llevó al descabezamiento de la principal agencia de inteligencia de Argentina, la Secretaría de Inteligencia más conocida como SIDE. Un mes más tarde, en medio del verano y del receso legislativo y judicial, la crisis derivó en la muerte dudosa de un fiscal federal un día antes de que formalizara ante la Cámara de Diputados una grave denuncia contra la presidenta Cristina Kirchner y su ministro de Relaciones Exteriores por encubrir la responsabilidad de la República Islámica de Irán en dos sangrientos atentados explosivos en contra la Embajada de Israel y la más importante entidad mutual de la colectividad judía en Buenos Aires.
Inmediatamente, la opinión pública infirió que la muerte había sido producto de un asesinato y que el gobierno kirchnerista tenía responsabilidad al menos en el encubrimiento del mismo.
Sin posibilidades de reelección y carente de un heredero político confiable, Cristina Kirchner debió ceder a disgusto la presidencia al centrista Mauricio Macri. Por primera vez en los últimos cien años llega a la presidencia constitucional de la Argentina un político que nunca perteneció ni a la Unión Cívica Radical y al Partido Justicialista.
Tras las derrotas en las urnas de Cristina Kirchner, Nicolás Maduro y Evo Morales, el presidente Rafael Correa prudentemente a renunciado a presentarse para un tercer mandato presidencial.
En Brasil, Dilma Rousseff, con su imagen absolutamente deteriorada, intenta denodadamente sobrevivir políticamente a la crisis económica que afecta a su país y a los reiterados escándalos de corrupción que involucran a su gobierno y a su partido.
La investigación sobre lavado de dinero y corrupción en la empresa petrolera estatal, Petrobras, derivo, además de la detención de ex ministro y es legisladores pertencientes al partido de gobierno, en un allanamiento policial en el domicilio del ex presidente Luis Inácio Lula da Silva quien fue llevado a declarar por la fuerza pública. Hasta ese momento, el popular Lula era el candidato del Partido de los Trabajadores con más posibilidades de suceder a Dilma en 2018.
La crisis de corrupción política parece haber terminado con la posibilidad de que el Partido de los Trabajadores siga gobernando en Brasil por un nuevo período presidencial.
La crisis brasileña, ha afectado a la clase política en su conjunto y anuncia también “un fin de ciclo” en el gigante sudamericano.
FINAL ABIERTO
Resta saber cómo se efectuará el repliegue y eventualmente la desaparición de los regímenes populistas y de que signo político serán los gobiernos que posiblemente los reemplazarán.
Aún es muy pronto para saber si la llegada de Mauricio Macri a la presidencia inaugurará un nuevo ciclo y que signo político asumirá la etapa que comienza, pero los vientos de cambio soplan en el sur de América.