La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)- un organismo al que la Argentina aspira a ingresar- recomendó al país reformar el Registro Nacional de Constructores y crear “un registro
de compañías declaradas culpables por haber infringido la Ley de Competencia”, entre otras medidas para combatir la colusión en contrataciones públicas.
Las propuestas elevadas al gobierno nacional constan en las conclusiones de un documento elaborado por la OCDE, tras una solicitud realizada en 2017 por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC).
Según constata el informe, el país “gasta una parte significativa de sus recursos públicos en la contratación de obras públicas”, aspecto “particularmente desafiante debido a su magnitud, las implicaciones en términos de presupuesto y la complejidad técnica”.
Concretamente, en 2018 se destinaron a ese rubro $ 232.000 millones y 40% de los recursos se asignaron a infraestructura en transportes, mientras para 2019 se presupuestaron $ 215.000 millones.
Sobre el Registro Nacional de Constructores, la OCDE sugirió “crear una versión electrónica del registro interoperable con (el sitio web oficial) Contrat.ar”, a fin de que los datos “sean fácilmente accesibles para las entidades encargadas de las contrataciones”.
Otra recomendación apuntó a “establecer un proceso de toma de decisiones transparente para el registro y la certificación de las compañías”.
También se advirtió que “las entidades que contratan obras públicas en la Argentina deben basar su diseño de adquisiciones en inteligencia de mercado sólida”.
A tales fines se propició “comunicar e intercambiar información que sea relevante para el diseño de las adquisiciones y la ejecución de los contratos, y maximizar la participación de oferentes genuinos”.
El estudio de la OCDE alertó que las entidades contratantes en la Argentina “actualmente siguen enfoques divergentes en los procesos y requisitos de licitación”, por lo cual “se deben instaurar procedimientos de contratación estandarizados para las obras públicas”.
Para el organismo, se requieren “criterios claros que ayuden a los funcionarios encargados de la contratación a determinar la naturaleza pro competitiva de las ofertas conjuntas y las subcontrataciones”.
Junto con la instrumentación de mejoras en los términos de las licitaciones, la Argentina “debe limitar tanto como sea posible la adjudicación de contratos que no estén completamente definidos, por ejemplo, basándose en especificaciones técnicas y presupuestos provisionales”, señaló otro apartado.
La OCDE aconsejó asimismo “utilizar la relación calidad-precio y no sólo el precio como criterio de adjudicación de contratos para obras públicas, debido a que dicho criterio puede recompensar la innovación y las medidas de reducción de costos”.
Por otra parte, añadió el informe, “la Argentina debe adoptar regulaciones claras que limiten la capacidad de la administración pública y de los contratistas para modificar los contratos de obras públicas una vez que se hayan adjudicado”.
Fuente: Télam
TEMAS QUE APARECEN EN ESTA NOTA
CARGANDO COMENTARIOS
Clarín
Para comentar debés activar tu cuenta haciendo clic en el e-mail que te enviamos a la casilla ¿No encontraste el e-mail? Hace clic acá y te lo volvemos a enviar.
Clarín
Para comentar nuestras notas por favor completá los siguientes datos.