La maratónica sesión de diputados del último miércoles dejó un tendal de proyectos convertidos en ley. La gran mayoría pasaron inadvertidos o se vieron eclipsados por normativas de fuerte impacto social
como la Ley de Alquileres o la Ley de Góndolas, que acapararon la atención de la jornada. Sin embargo, a última hora, sobre el filo de la noche, se le dio sanción definitiva a una legislación inexistente y fundamental: por primera vez en la Argentina, habrá una Ley de Cambio Climático.
Se trata de un proyecto impulsado desde hace cinco años por el senador Pino Solanas y apuntalado por organizaciones de activistas como “Jóvenes por el Clima” o “Alianza por el Clima”. Pero también tradicionales y masivas como Greenpeace. Es un norma sobre la que había un consenso extendido. Nadie se oponía a que existiera, aún con los antecedentes de leyes ambientales polémicas como glaciares y bosques.
El proyecto llegó al recinto sin la aprobación de la comisión de presupuesto, rango que consiguió sobre tablas el mismo miércoles y por la noche, finalmente, fue ley. A partir de ahora, la Ley de Presupuestos Mínimos de Cambio Climático, crea el Gabinete Nacional de cambio climático, que será presidido por el jefe de Gabinete de ministros. Su función será implementar -entre las distintas áreas de gobierno- un “plan nacional de adaptación y mitigación al cambio climático”.
También crea el Consejo Asesor Externo del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, cuyos miembros deberán ser científicos, representantes de organizaciones ambientales, comunidades indígenas, universidades, entidades académicas y empresariales, sindicatos, centros de investigación públicos y privados, representantes de partidos políticos con representación parlamentaria.
Además, establece la obligación de todos los organismos del Poder Ejecutivo Nacional de aportar la información necesaria para la aplicación de la ley. Y crea el Sistema Nacional de Información sobre Cambio Climático, para transparentar el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero y el monitoreo de las medidas de mitigación.
Por otro lado, determina que todos los datos y documentos relacionados con la aplicación de la ley deben ser información pública ambiental.
Desde la Secretaría de Ambiente, que dirige el rabino Sergio Bergman, celebraron la sanción: “ Esta ley busca garantizar la continuidad del trabajo realizado en estos años, dar un marco jurídico a la temática y bregar por el cumplimiento de la Contribución Determinada a Nivel Nacional”, expresaron en un comunicado. “De esta manera, el Congreso Nacional estableció los presupuestos mínimos para la gestión adecuada del cambio climático, el diseño e implementación de políticas, acciones, instrumentos y estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático, en aras de proveer herramientas para armar planes de cambio climático, establecer un estándar mínimo de planificación a nivel territorial y crear sistemas de información para la generación de datos y transparencia”, cerraron.
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