El Boletín Oficial de este miércoles publicó que habría un nuevo Protocolo para la Interrupción Legal del Embarazo, que sería una actualización del publicado en 2015. Horas después, Mauricio Macri resolvió
dar de baja este nuevo protocolo. La Campaña Nacional por el Aborto Legal Seguro y Gratuito y varias organizaciones civiles salieron a criticar al presidente.
“El mismo día que el unificado Ministerio de salud y desarrollo social de la Nación publicaba el nuevo Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la Interrupción Legal del Embarazo, el presidente Macri ordenaba derogar la resolución ministerial 3158/2019 y dejar sin efecto lo resuelto por el Secretario Rubinstein”, comienza el comunicado.
“Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito repudiamos esta decisión presidencial por arbitraria, ilegítima y vergonzosa”, continúa.
“La actualización del protocolo hubiera sido una mayor claridad legal en las prácticas ILE, una protección hacia las mujeres y especialmente la adaptación del Protocolo al Código Civil y Comercial (2015) en resguardo de niñas y adolescentes menores de 15 años que prohíbe como regla, la sustitución del consentimiento. Y todo esto era obligatorio para provincias con o sin protocolos”, sigue el documento de la Campaña.
“El gobierno nacional, burlándose del movimiento de mujeres, lesbianas, travestis y trans, en una actitud bochornosa decide retroceder en su decisión. Pero lo decimos claro, no permitiremos retrocesos. Estamos atentas y movilizadas para defender lo que nos corresponde”. Y finaliza con su slogan: “Educación sexual para decidir Anticonceptivos para no abortar, Aborto legal para no morir”.
Mujeres reclaman por el aborto legal
Las organizaciones civiles Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y la Red de Acceso al Aborto Seguro de Argentina (REDAAS) también emitieron un comunicado en contra de bajar la actualización del protocolo.
“El Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo es el instrumento de política pública que da certeza a las mujeres y personas con capacidad de gestar, a los equipos de salud y a quienes toman decisiones dentro de los efectores del sistema sanitario respecto de los estándares de atención para garantizar el acceso a derechos contemplados en otras normas”, comienza el comunicado.
“El Protocolo aclara, brinda certeza y actualiza de acuerdo a la última evidencia científica disponible y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, los lineamientos y prestaciones que deben garantizarse ante la solicitud de un aborto, en los casos previstos por el Código Penal desde 1921. Asimismo, esta actualización de la norma sanitaria incorpora aspectos relativos al consentimiento informado de niñas, adolescentes y personas con discapacidad de acuerdo a la reforma del Código Civil y Comercial aprobada en 2015″, continúa.
“Esta aprobación por resolución ministerial es una muestra del compromiso político de la máxima autoridad en materia de política sanitaria para clarificar lo que está vigente y dar pautas de actuación claras y precisas a los equipos de salud -sigue el comunicado-. Enfatiza las buenas prácticas garantes de derechos de las mujeres y personas con capacidad de gestar y se ajusta al ordenamiento jurídico vigente“.
Activistas por la legalización del aborto sostienen pañuelos verdes durante una marcha para conmemorar su lucha, en el aniversario del debate parlamentario sobre la ley del aborto que recibió el voto negativo del Senado
“Desconocer la relevancia de las necesarias actualizaciones de los protocolos sanitarios por parte del órgano rector de las políticas sanitarias parece un sinsentido. La actualización incorpora la operacionalización del proceso de consentimiento informado para garantizar el derecho a ser escuchada, a la autonomía progresiva de adolescentes, a los derechos consagrados por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en general a los principios bioéticos que deben seguir las prácticas sanitarias”.
“Apoyamos y celebramos la aprobación de la actualización y vemos con profunda preocupación la decisión del Presidente Macri de revocarla. El daño que esta falta de coherencia en la política sanitaria puede generar en la salud y el bienestar de niñas, adolescentes y mujeres, no parece ser dimensionada por los actores políticos que la han promovido”.
Y continúa: “Lo que hace es generar incertidumbre en los equipos de salud, temor en las niñas, adolescentes, mujeres y personas con capacidad de gestar que pudieran requerir el acceso a esa práctica, empujándolas una vez más a la clandestinidad y exponiéndolas a la violencia institucional. Con una muestra de mezquindad y desprecio por los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres, Argentina se acerca al incumplimiento de sus obligaciones internacionales. Una decisión que lamentamos”.
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