Las autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) decidieron este miércoles establecer la obligatoriedad de las capacitaciones en cuestión de género y violencia contra las mujeres, en
línea con lo que estableció la Ley Micaela.
Fue una decisión unánime de los integrantes del Consejo Superior que se materializó con la resolución 4043/2015 para modificar el “Protocolo de acción institucional para la prevención e intervención ante situaciones de violencia o discriminación de género u orientación sexual” de la UBA.
Así, ahora será obligatorio que las autoridades, los docentes, los investigadores, los estudiantes y los no docentes participen de talleres sobre capacitación en cuestiones de género y de violencia contra las mujeres.
“Es muy auspiciosa la activa participación de todos los claustros en los agregados realizados al Protocolo. La UBA es pionera y centro de referencia en este campo. Deseo destacar la labor desarrollada por el Secretario General, Dr. Mariano Genovesi y Valeria Thus, Directora General de Promoción y Protección de DD.HH”, manifestó el rector Alberto Barbieri, según se informó a través de un comunicado.
Las reformas se concretaron tras las recomendaciones de una comisión asesora que se creó el año pasado.
“Además, se amplió el marco de aplicación de la norma, haciéndola extensiva a los delitos sexuales; se proyecta el quebrantamiento de la confidencialidad como un tipo de falta, en el entendimiento de que la violación a estos principios genera revictimización en las personas denunciantes”, explicaron desde la UBA.
Otra de las novedades es que en materia disciplinaria se incorpora un artículo que permite extender los efectos de las sanciones administrativas por hechos de violencia de género a todos los cargos o roles que el sancionado, luego de un procedimiento sumarial y garantizando los derechos de defensa del acusado, pueda tener.
“Como aspecto novedoso se establece un procedimiento opcional denominado ‘Procedimiento Especial de Seguimiento’, de carácter no punitivo, que a partir del establecimiento de pautas de conducta aceptadas voluntariamente por la persona denunciada, procure resolver conflictos y reparar a las víctimas sin acudir a procedimientos disciplinarios o a medidas urgentes”, indica el comunicado de la UBA.
La Ley Micaela
La Ley Nacional 27.499 conocida como “Ley Micaela” se aprobó en 2018 con el objetivo de capacitar en forma obligatoria a todas las personas que conforman los tres poderes del Estado sobre cuestiones de género y violencia contra las mujeres.
La norma, además, establece que en cada organismo estatal, las capacitaciones se harán en colaboración con sus propias oficinas de género cuando ya estén en funcionamiento y remarca que se crearán materiales y programas nuevos, o se adaptarán los existentes, de acuerdo a la normativa establecida por “las convenciones vinculadas a la temática de género y violencia contra las mujeres suscriptas por el país”.
La modalidad impuesta en la Ley es que la capacitación y formación para los agentes de los tres poderes públicos del Estado será obligatoria, por lo que la normativa señala que será considerada como “una falta grave y pasiva de una sanción disciplinaria” la decisión de un empleado público a negase “sin causa justa”, a participar de las capacitaciones.
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