La justicia busca desentrañar si desde diversas dependencias del Estado el Gobierno de Mauricio Macri desplegó actividades de espionaje e inteligencia ilegal en relación a 25 personas, entre ellas jueces de la Corte,
de la Cámara de Casación, jueces federales y del fuero penal económico, gobernadores y presidentes de bloques en el Congreso. Aunque aún resta establecer si hubo motivos que lo justifiquen, un informe que está en el expediente detalla la fecha y desde qué organismos se buscó información.
El trabajo consigna distintos ingresos de búsqueda de datos de ese listado de personas desde la AFIP, el Ministerio de Seguridad de la Nación, la Jefatura de Policía de la Ciudad, la Unidad de Investigación Financiera (UIF), la Gendarmería Nacional, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), la Procuración General de la Nación, las Jefaturas de la Policía Federal, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Prefectura Naval y el ministerio de Seguridad de Salta.
El fiscal Ramiro González solicitó al juez Rodolfo Canicoba Corral una serie de medidas para determinar si aquellas búsquedas respondieron a “actividades de espionaje e inteligencia ilegal”. Para ello se realizó una consulta a la Dirección Nacional de Migraciones y otras en curso al Banco Central, la AFIP y la bases privadas de datos financieros Veraz y Nosis.
La causa se centra en la hipótesis de un presunto espionaje por parte del Gobierno a jueces y dirigentes políticos. El dictamen con el que el fiscal abrió la investigación se refiere a “hechos puntuales de espionaje pasibles de verificación”. La investigación entonces, busca corroborar la existencia o no de hechos de espionaje ilegal y ahondar, en caso de ser así, con qué finalidad y porqué se eligió a determinados magistrados.
El primer informe que se adjuntó al expediente provino de la Dirección Nacional de Migraciones, con las solicitudes de información migratoria que generadas en los últimos dos años respecto a jueces federales. Luego, el requerimiento fue ampliado incluyendo gobernadores y otros dirigentes políticos.
La lista de los presuntamente espiados incluye a 21 funcionarios judiciales, a tres gobernadores y jefes de bloque de la Cámara de Diputados. El informe entregado por Migraciones detalla desde qué organismos se buscó información de estas personas.
Por ejemplo, sobre el juez de la Corte Juan Carlos Maqueda se buscó información desde la AFIP el 2 de marzo de 2017 a las 17.45. El 12 de enero de 2018 a las 19.37 desde un IP del Ministerio de Seguridad, se rastreó información sobre la jueza de la Cámara de Casación Ana María Figueroa. Respecto al juez de la Cámara Federal porteña Martín Irurzun hubo dos búsquedas, el 3 de noviembre de 2018 y el 8 de junio del mismo año. Desde un IP de la cartera de Seguridad, con fecha del 28 de agosto de 2018, se buscaron datos sobre el camarista Mariano Llorens,
También se detalló la búsqueda de información sobre el juez a quien se le otorgó inicialmente esta causa, Rodolfo Canicoba Corral, quien se excusó de seguir interviniendo en el expediente al ser uno de los presuntos espiados. Desde un IP de la UIF se buscaron datos sobre él el 26 de junio de 2018. Antes de jurar como magistrada frente al juzgado que perteneció a Norberto Oyarbide, se rastreó información desde la AFI sobre María Eugenia Capuchetti. Fue el 20 de marzo de 2018.
El juez Sebastián Casanello, que investigó a Lázaro Báez y a Julio De Vido en el caso Skanska, entre otros, integra el listado. Hubo dos búsquedas respecto a él, una por parte de la Policía de la Ciudad el 19 de julio de 2018 y otra desde Gendarmería Nacional, el 26 de julio del mismo año. Desde la Aduana se registró la búsqueda de información sobre el juez Daniel Rafecas, quien suena como el posible Procurador General en el gobierno de Alberto Fernández. Fue el 3 de abril de 2018.
Del mismo fuero, se determinó que desde la UIF hubo dos rastreos sobre el juez Luis Rodríguez, quien ordenó en 2017 la detención de Julio De Vido. Las fechas de búsqueda fueron el 11 y 28 de febrero de 2019. No quedó exenta la jueza con competencia electoral María Romilda Servini, sobre quien se realizaron desde la Policía Federal dos rastreos: uno el 8 de enero de 2018 y otro el 7 de junio del mismo año.
Sobre la Avenida de los Inmigrantes, en paralelo al edificio de Comodoro Py, funciona la mayor parte del fuero en lo Penal Económico. De allí se rastreó información desde Aduana, el 19 de diciembre de 2018, sobre el juez Marcelo Aguinsky, el responsable de la causa sobre la mafia de los contenedores donde se condenó a Claudio Minnicelli, cuñado de De Vido. Desde el mismo organismo estatal se rastreó el 22 de agosto de 2018 al juez Pablo Yadarola, quien lleva la investigación sobre la valija de Antonini Wilson. Y con misma fecha, desde una IP de la Aduana se buscó información sobre el juez Javier López Biscayart, que inició la causa Skanska hacia 2005 e investigó en varios expedientes tributarios a Lázaro Báez, como a Hugo Moyano y a la empresa OCA.
La lista sigue. Migraciones entregó detalles sobre búsquedas que se hicieron respecto a jueces de tribunales orales, como: Claudio Gutiérrez de la Cárcova, María Gabriela López Iñiguez (quien juzga a Báez en la Ruta del Dinero K), Sabrina Namer, Angel Gabriel Nardiello, Sergio Adrián Paduczak, Javier Feliciano Ríos (integra el TOF que juzga a Cristóbal López), José Martínez Sobrino (integra el TOF que juzga a Cristina Kirchner por la Obra Pública), y Nicolás Toselli.
Las extrañas búsquedas no se acotaron a los funcionarios de la justicia. Según confirmaron fuentes judiciales a Clarín, hubo rastreos sobre el gobernador chaqueño Domingo Peppo el 25 de enero de 2018; sobre Alicia Kirchner el 22 de agosto de 2018, y sobre el gobernador chubutense Mariano Arcioni en dos oportunidades: el 19 de abril de 2018 y el 31 de diciembre de ese mismo año.
Por su lado, se encontraron búsquedas de información sobre Agustín Rossi y Alejandro Ramos, y fuentes de la causa informaron a este diario que no se descarta que se amplíe aún más el alcance del pedido a Migraciones sobe más figuras políticas.
A la fecha hay dos imputados en el expediente que ya que se presentaron de forma espontánea y con abogados defensores fijando domicilio. Se trata del auditor de la AFIP Néstor Sosa y de otro integrante del organismo recaudador, Jaime Mecikovsky, cercano a Elisa Carrió.
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