Por recomendación del ministro de Justicia, Germán Garavano, el presidente Mauricio Macri estira la firma del DNU que contempla el traspaso del programa de Protección de Testigos al Poder Judicial. Así lo
confirmaron a Clarín altas fuentes oficiales, que de todos modos confirmaron que la demora sólo se trata de “tiempo” para “terminar de ajustar detalles técnicos” y ratificaron que “el decreto va a salir”.
“(Germán) Garavano pidió tiempo”, expusieron en Casa Rosada, al argumentar porqué el DNU no salió este miércoles y, según plantearon, tampoco saldrá en lo que resta de esta semana. “El ministro quiere terminar de ajustar detalles técnicos. Considera que hacían falta algunos pasos para que esto salga bien, como todo lo que hemos hecho”, complementaron desde Justicia.
La medida se da luego de que el presidente electo, Alberto Fernández, planteara cuestionamientos al Gobierno. “Nunca fuimos consultados por semejante tema. Por lo tanto, muy lejos estamos de avalarlo”, se quejó vía Twitter.
Desde el Gobierno evitaron referirse a si el reclamo del Presidente que asumirá el 10 de diciembre tuvo que ver con la decisión de estirar su publicación. Pero sí admitieron tensión con los jueces que deben hacerse cargo del programa. “Estamos trabajando en la implementación”, concedió un hombre de extrema confianza a Garavano. “Tiene que ser una transferencia ordenada y en eso se está trabajando”, coincidió otro funcionario de peso del área.
Tal como contó Clarín días atrás, la iniciativa que ya había llegado a poder del secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas; y que ahora Garavano pidió nuevamente para modificar, contemplaba que la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país, fuera quien se hiciera cargo del programa. Pero, los jueces, según publicó La Nación, dejaron saber su preocupación por las dificultades que tienen para hacerse cargo del tema. La cámara hoy es presidida por Carlos Mahiques, ex ministro de Justicia bonaerense de María Eugenia Vidal.
Ante la posibilidad de que la Casación rechazara el programa y recurriera a la Corte Suprema de Justicia para intentar devolverlo al Ejecutivo, en Balcarce 50 decidieron demorar la definición.
Bajo el programa de Protección de Testigos están Oscar Centeno, el ex chofer de Roberto Baratta; Alejandro Vandenbroele, supuesto testaferro del ex vicepresidente Amado Boudou; y su ex esposa, Laura Muñoz; el valijero Leonardo Fariña y el ex secretario de Obras Públicas K José López, número 2 de Julio de Vido en Planificación Federal. Varios de ellos habían manifestado su preocupación de que, ante el cambio de Gobierno, la supervisión del plan siguiera en el área de la Subsecretaría de Justicia y Política Criminal, hoy a cargo de Juan Benítez.
Desde Justicia ratificaron que la demora no implica que el Gobierno haya dado marcha atrás. “El decreto va a salir. Es un hecho. Sólo pedimos más tiempo”, reafirmaron cerca de Garavano. Se prevé que el ministro reanude conversaciones con jueces, aunque otra voz del Ministerio especuló con que
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