El gobierno de México prometió que encontrarán y castigarán a los culpables de la horrible matanza de la familia estadounidense LeBaron en Sonora y que contarán con la colaboración
del FBI para resolverlo. Pero los expertos dudan de que, en un país donde reina la impunidad en este tipo de delitos, el caso finalmente se aclare y los autores sufran su condena.
Como la familia asesinada era de origen estadounidense se está compartiendo información con el FBI por “cuestiones de protocolo”, según informó el canciller Marcelo Ebrard. Si bien la agencia de EE.UU. podría ayudar con los aspectos técnicos, los expertos colocan algunos reparos.
Jake Dizard, investigador del México Security Initiative de la University of Texas, dijo a Clarín que duda de los beneficios de la colaboración. “Suponiendo que el FBI se involucre, debería poder ofrecer asistencia útil con el análisis forense y de inteligencia que podría aumentar la probabilidad de resolver el caso, pero ciertamente no hay garantías de que suceda”.
AFP
Y agrega otra arista del problema: “Otro factor importante es que muchas (quizás la mayoría) de las poderosas armas utilizadas por las pandillas mexicanas son introducidas de contrabando a México desde los Estados Unidos. El gobierno de Donald Trump en su conjunto debería centrarse en profundizar la cooperación con México para detener el flujo de armas hacia el sur y, en el caso de LeBaron, el FBI debería trabajar para rastrear cualquier arma que eventualmente se recupere en su punto de venta en los Estados Unidos e investigar si hubo alguna violación de la ley”.
Consultada por Clarín sobre un posible esclarecimiento de la matanza, Angélica Durán-Martínez, profesora de Ciencias Políticas de la University of Massachusetts, dijo que “dado el alto perfil y la gravedad de este caso es posible que averigüemos más de las razones de este horrible ataque que de otros hechos de violencia igualmente horribles pero de menor perfil”.
La experta, autora del libro “Las Políticas de la violencia de las drogas: criminales, policías y políticos en Colombia y México”, agregó que “este hecho puede estar atado a una historia de confrontación por la resistencia de la familia LeBarón a organizaciones criminales, y a una nueva escalada de violencia en la frontera, entonces creo posible que se pueda entender mejor qué sucedió. Tener justicia es más complicado por los problemas del sistema judicial mexicano”.
Consultada sobre las razones de la tradicional impunidad en estos casos, Durán Martínez señaló que “hay varios factores, pero principalmente una historia de colaboración entre actores políticos y criminales que data desde la época de dominio del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y que ha impedido la creación de fuerzas policiales y judiciales autónomas. Además, existe una debilidad institucional y falta de recursos y también, en la última década, una escalada de violencia que obviamente exacerba estos problemas y hace mucho más difícil que el sistema responda adecuadamente a todos los casos de violencia”.
Sobre la posible resolución de este caso, Dizard señala que es difícil predecirlo. “Si la información inicial resulta ser correcta y se trata de un caso trágico y horrible de identidad errónea por parte de miembros de un grupo específico de crimen organizado, es posible que los perpetradores directos sean identificados y con suerte arrestados. El hecho de que las víctimas fueran ciudadanos estadounidenses puede aumentar la probabilidad de una investigación exhaustiva. Sin embargo, el simple hecho de que este sea un evento de alto perfil de ninguna manera garantiza que se encontrarán respuestas. De hecho, el caso más publicitado en los últimos años, la desaparición de 43 estudiantes en el estado de Guerrero en 2014, ha producido cero condenas y ninguna respuesta convincente a pesar del amplio interés internacional que suscitó el tema”, dijo.
Consultado sobre por qué suele reinar la impunidad en estos casos, Dizard afirmó que “es un tema complejo, pero hay ciertas razones clave. Primero: un enorme déficit de capacidad en relación a la policía, las investigaciones y los procesos judiciales. Segundo: existe una colusión frecuente entre las autoridades políticas locales y los miembros de los grupos del crimen organizado. Tercero: especialmente en el norte de México, la gran cantidad de ingresos del narcotráfico, que puede utilizarse para corromper a los funcionarios locales y la policía, así como para financiar la creación y el mantenimiento de poderosos ejércitos criminales”.