Cristina Kirchner quedó cerca de ir a juicio oral por la cartelización en la obra pública y los sobornos que se pagaron según la justicia. Después de la confirmación del procesamiento con
prisión preventiva de la Cámara Federal porteña, el juez Claudio Bonadio pidió al fiscal Carlos Stornelli que realice el requerimiento de elevación a juicio. También se le pidió que lo haga en otros dos expedientes vinculados a los Cuadernos donde se revocó la acusación contra la senadora, y quedaron procesados Julio De Vido, Roberto Baratta, Claudio Uberti, entre otros.
Con el expediente principal elevado a juicio oral, el juez Bonadio avanza para dar por clausurada la instrucción en tres causas relaciones a la conocida como los Cuadernos de las Coimas. Se trata del tramo que investigó el circuito de coimas en los corredores viales y las irregularidades en la importación de buques de gas natural licuado. En ambos casos la Sala I de la Cámara federal Porteña desprocesó a Cristina Kirchner, no así a sus ex funcionarios frente al extinto Ministerio de Planificación Federal. Sin embargo, los jueces confirmaron el procesamiento con prisión preventiva en la obra pública donde además, ratificaron la existencia de un sistema de cartelización que operó desde la Cámara de la Construcción.
Ante este escenario, Bonadio le pidió al fiscal Carlos Stornelli que realice los requerimientos de elevación a juicio oral. A este ritmo cuando asuma como vicepresidenta, el 10 de diciembre, Cristina Kirchner contará con diez procesamientos en causas por corrupción y al menos cinco pedidos de prisión preventiva confirmados por la Cámara. En instancia de juicio serán seis los expedientes.
Como el expediente principal que inició con los ocho cuadernos escritos por el ex chofer Oscar Centeno ya fue enviado a juicio oral, y radicado en el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7), cuando estos tres casos conexos sean enviados, el juez Bonadio explicará la conexidad con la “causa madre” para que todo se realice en un mismo jucio.
Fue la Cámara Federal porteña la que dio por corroborada la intervención de los funcionarios imputados, respecto “a un acuerdo previo y a la división de tareas, con un claro dominio funcional del hecho”, para una distribución de la obra pública.
Por ello, al confirmar la maniobra avalaron la decisión del juez Bonadio de procesar a Cristina Kirchner, Julio De Vido y José López, entre otros ex funcionarios involucrados en lo que se denominó “la organización criminal” que se dedicó “a la recaudación de fondos ilegales”, en este caso vinculado a la obra pública.
Al detallar cómo funcionó la cartelización de la obra pública se responsabilizó a Julio De Vido, José López, Carlos Wagner (ex presidente de la Cámara de la Construcción), Ernesto Clarens (financista), y a las autoridades de Vialidad Nacional .
En consecuencia, se procesó a más de un centenar de empresarios que “participaban de este sistema, al igual que sus directivos y/o accionistas, junto a las personas que concurrían a efectuar los pagos por las mismas” a ex funcionarios kirchneristas.
Pero a su vez, la Cámara limitó el alcance de las constructoras involucradas en el expediente, porque solo tuvo en cuenta para la acusación contra los empresarios un listado aportado por el financista Ernesto Clarens. Bonadio en su procesamiento había incluido más empresas de las que están en ese listado.
Quedaron con procesamiento confirmado por pagar sobornos los empresarios: Gerardo Ferreyra, Javier Sánchez Caballero, Osvaldo Acosta, Carlos Wagner, Aldo Roggio, Juan Chediack, Ángelo Calcaterra, Hugo Dragonetti, Cristóbal López, Fabián De Sousa, Mario Rovella, Gerardo Cartellone, entre otros.
Sobre todos ellos pidió el juez Bonadio, que el fiscal del caso realice las acusaciones para enviarlos a juicio oral y público.
Respecto al expediente donde se confirmó la ampliación del procesamiento contra la electa vicepresidenta de la Nación, como jefa de la asociación ilícita que se dedicó a la recaudación de fondos ilegales, se señaló que el “mecanismo implementado para lograr la deliberada distribución de la obra pública, tenía como fin último nutrir de fondos a la asociación ilícita comandada y estructurada por los antes nombrados”, es decir por Cristina Kirchner y los ex funcionarios del ministerio de Planificación Federal.
El juez Bonadio al acusar a la ex Presidenta, algo que se replicará en el requerimiento del fiscal, señaló que “por indicaciones de Néstor Kirchner y luego mantenido en el tiempo por Cristina Fernández, se organizó un esquema de recaudación ilegal de dinero, a través del cual se procedió a digitar la adjudicación de las licitaciones de las obras públicas civiles”. Y por ello, se indicó en la investigación que las empresas que resultaban beneficiadas con aquélla asignación, como contrapartida, “debían entregar una suma de dinero que ingresaba a las arcas de la asociación”.
Ante este circuito, los camaristas recordaron que “cada pago emprendía su camino en las oficinas y dependencias de las distintas empresas interesadas para concluir, tras una breve escala en las oficinas de Clarens y los despachos de los funcionarios, en dos lugares muy sugestivos: la Quinta Presidencial de Olivos o el departamento” del barrio de Recoleta.
Por ello consideraron que los hechos comprendidos en este expediente, “se engarzan, justamente, en el mismo patrón descrito en anteriores pronunciamientos referidos a aquella estructura recaudatoria instaurada desde las más altas esferas” del Gobierno.