Así, a cambio de renunciar a ellos, le encomendó -y le exige-
que se ocupara de su defensa, de su seguridad, de su educación, de su
salud y de la Justicia; como parte de ese contrato tácito, paga al Estado
los impuestos que le permitan soportar esas tareas. También le delegó la
organización de las relaciones entre los individuos que componen la
sociedad.
En la Argentina actual, y pese a que ese contrato sigue teóricamente
rigiendo, apoyado en la Constitución y en el Código Civil, el Estado ya
había desertado, y los ciudadanos estamos sometidos a la indefensión como
nación, a la cotidiana inseguridad, a la falta de salud, de educación y a
la falta de Justicia, por lenta y por sometida al poder de turno. Nos vemos
enfrentados a soportar doblemente el costo de contar con esos beneficios
elementales, ya que seguimos pagando impuestos pero, además, tenemos que
hacer frente al costo de la contratación privada de vigiladores, colegios
y prepagas médicas para subsanar esa ausencia estatal.
En estos días, en Córdoba, se vio a ciudadanos encaramados a los techos
de sus viviendas y negocios, o nucleados atrás de barricadas, armados y
dispuestos a defender con su vida -dada su inexperiencia- sus bienes ante
las hordas que destruían todo a su paso. Sin darse cuenta, reasumieron una
potestad que habían transferido, por ese acuerdo originario, al Estado, ya
que éste había desertado y se encontraban en total desamparo frente a la
violencia desatada.
Esta situación representa un salto cualitativo, hacia atrás, respecto a
todos los conflictos sociales que los argentinos hemos soportado en los
últimos años y, seguramente, continuará in crescendo, por el triste
papel que desempeñaron, durante esas horas trágicas, quienes tienen a su
cargo ejecutar las tareas que son propias del Estado. Doña Cristina in
absentia, Anímal y hasta Randazzo hicieron fila para pegarle al Gallego de
la Sota, lavándose las manos respecto a la crisis que la “década ganada”
había generado y que, como vimos por televisión, estuvo a punto de
convertirse en una tragedia. Al negarse a enviar a la Gendarmería -Super
Berni lo ordenó, pero el Chino Zannini lo desautorizó- el cristinismo,
una vez más, dio una muestra cabal de la confusión que en su concepto
existe entre Gobierno y Estado; en ella, tal como lo confirmó un patético
Coqui Capitanich invocando al federalismo constitucional, las fuerzas
federales sólo pueden actuar cuando quien solicita su auxilio es un
obediente seguidor de los dictados de Olivos. ¡Qué pena que ese mismo
federalismo sea olvidado a la hora de repartir ingresos fiscales!
Se me ha preguntado, desde el momento de los hechos, si los saqueos
estaban organizados por algún malparido con intencionalidad política. La
respuesta contiene dos aseveraciones: sí lo estaban, y en esa
organización seguramente participaron narcos, pero tuvieron esa magnitud
porque existe un caldo de cultivo que favorece la protesta. Detrás de los
primeros enmascarados, que robaban plasmas y alcohol, necesariamente hubo
multitudes crispadas y enojadas, que padecen diariamente esta demencial
política económica, que ha llevado a que el verdadero índice de precios
(el de los changuitos de supermercado) se haya disparado a partir de
noviembre, lo cual llevará la inflación anual a superar el 30%.
El Gobierno avivó la inquietud social con tres anuncios convergentes: no
acepta pagar el bono que todas las centrales gremiales solicitan para fin
de año, descontará el impuesto a las ganancias sobre la segunda cuota del
aguinaldo y mandó a imprimir, en la Casa de la Moneda y en Ciccone, ciento
cuarenta millones de billetes de cien pesos para hacer frente al pago de
esa segunda cuota a los empleados públicos.
El desprecio que los funcionarios tienen por la inflación (a la que
ningunean), la carencia de un plan económico coherente -no se puede
considerar como tal al nuevo congelamiento de precios que, dicen, regirá a
partir de enero- y la monstruosa emisión monetaria, harán que el arrastre
de este año lleve al índice de los precios a superar el 40% en 2014; el
permanente drenaje de reservas, la obligación de importar cantidades
mayores de combustibles más caros y el nuevo robo que cometerán cuando
paguen el cupón atado al crecimiento del PBI (nada menos que US$ 5.000
millones), tampoco permiten ser optimista respecto a un cambio diametral en
la toma de decisiones.
Pero, tal vez, el principal factor coadyuvante de lo que ocurrió en
Córdoba haya que buscarlo en la anomia moral que hoy reina en nuestra
sociedad. Todos los límites se han sobrepasado, y se ha impuesto el
“sálvese quien pueda”.
El mundo entero está contemplando, con asombro y repugnancia, cómo la
señora Presidente se mofa de todos, acumulando una fortuna personal cuyo
crecimiento exponencial ni se molesta en explicar, como tampoco lo hace con
las relaciones que mantiene con los personajes más oscuros de la escena
nacional, como Lázaro Báez, Cristóbal López, Spolsky, Eskenazi,
Ferreyra (Electroingeniería), sus secretarios y sus jardineros y tantos
otros, enriquecidos por haber prestado sus nombres para encubrir los
latrocinios de la pareja imperial.
El Vicepresidente, el inefable Guita-rrita, se robó, con sus cómplices
Nariga Núñez Carmona y Vandermoco, la mayor imprenta del país, que tiene
a su cargo nada menos que la producción del dinero. Además de hacerse
enormemente rico, y seguir festejándolo a carcajadas, le cobró una
comisión de siete millones a la provincia más pobre del país para
renegociar su deuda con el Estado nacional, o sea, con él mismo.
Sin embargo, los jueces de Comodoro Py no han llamado a ninguno de ellos a
prestar declaración indagatoria, y todos -hasta Jaimito- siguen libres y
haciendo daño. Entonces, ¿no resulta razonable que alguien crea que puede
robar impunemente un televisor o un coche de bebé? Si a los grandes
delitos que los funcionarios de todo pelaje han perpetrado no les ha
correspondido pena alguna, ¿por qué preocuparse entonces por la comisión
de un hecho tan menor?
Para terminar de aguar las esperanzas de quienes creían que los cambios
en el Gabinete traerían aparejada una mejor relación con la sociedad, con
el mundo y con los mercados, el viernes -como ya ha sucedido en la
Cancillería- se produjo la designación de un chico de La Cámpora para
ocupar la jefatura de uno de los organismos técnicos para prestigiosos del
país, el INTA. Sólo cabe esperar que el peronismo, que aportó los votos
necesarios en octubre, se niegue a seguir convalidando la ocupación del
Estado por estos niñatos corruptos y espléndidamente rentados, pero
incapaces, siquiera, de ganar una elección universitaria.
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