Choferes del transporte público se enfrentaron este martes con palos y piedras con manifestantes en un intento por romper los cortes callejeros que impiden el tráfico en la segunda semana de
protestas en Bolivia contra el presidente Evo Morales, a quien la oposición acusa de fraude en las elecciones presidenciales del 20 de octubre.
“Nosotros vivimos de la renta del día. Si no trabajamos, no comemos”, dijo un chofer en medio de empujones y amagues de golpes con vecinos que mantenían cortada una avenida del centro de La Paz.
Los ánimos estaban exaltados y choques similares tenían lugar en otros barrios y otras ciudades. La policía dispersó con gases lacrimógenos a los bandos rivales.
La víspera otros enfrentamientos dejaron 40 heridos, varios de ellos de bala, en las ciudades de Cochabamba y Santa Cruz, que lleva seis días de huelga en “defensa del voto y contra el fraude electoral”. La policía informó de una veintena de detenidos.
Mientras tanto, la Organización de Naciones Unidas (ONU) hizo un llamado “clamoroso y urgente a los actores políticos… para reducir tensiones y rechazar todo acto de violencia en estos difíciles momentos”.
Mediante un comunicado también pidió que se garantice el ejercicio de los derechos fundamentales de todas las personas, incluyendo la libertad de expresión, opinión y el derecho de manifestarse pacíficamente.
Por su parte, Morales proclamó su triunfo la víspera con una gran concentración en la vecina ciudad de El Alto. “Qué demuestren dónde está al fraude”, dijo el gobernante y acusó a la derecha de buscar un golpe de Estado para derrocarlo.
Su vicepresidente, Álvaro García, reiteró el martes la posición del gobierno a favor de una auditoria electoral a cargo de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La oposición, encabezada por el expresidente Carlos Mesa, segundo en los comicios al frente de una alianza de centroderecha, ha planteado nuevas elecciones o una segunda vuelta.
“El hecho más crítico es si estas históricas movilizaciones ciudadanas pueden sostenerse en el tiempo, lo que haría el país prácticamente ingobernable”, dijo a The Associated Press Michael Shifter, presidente de Diálogo Interamericano y profesor de estudios latinoamericanos en la Universidad de Georgetown, en Estados Unidos.
Agregó que “el progreso social y económico del país bajo la administración de Morales es innegable, pero no le da derecho a pasar por alto la Constitución y la decisión de sus ciudadanos. Y eso está alentando la ira en las calles”.
En tanto, el investigador y analista Roberto Laserna dijo que “las salidas legales parecen estar cerradas tras la finalización del polémico recuento de votos, pero queda una salida política en el marco de un acuerdo que todavía no vemos“.
Un corte en la trasmisión del conteo rápido que proyectaba una segunda vuelta entre Morales y Mesa al computarse el 85% de los votos y la reposición de la transmisión 24 horas después con una proyección diferente, que daba a Morales ganador en primera vuelta, desató las sospechas y críticas al cuestionado Tribunal Supremo Electoral, tildado de favorecer a Morales.
La Misión de Observadores de la OEA manifestó en un informe su “sorpresa por el cambio drástico y difícil de justificar en la tendencia de los resultados preliminares… que modifica el destino de la elección y genera pérdida de confianza en el sistema electoral”.
El gobierno ha dicho tener disposición para que se realice una auditoría al proceso electoral pero nada se ha concretado.
Fuente: AP y Clarín