El obispo castrense, Santiago Olivera, criticó severamente este martes la prolongación indefinida de la prisión preventiva y la omisión del otorgamiento del beneficio de su cumplimiento domiciliario cuando se es mayor de
70 años, aún en los casos de claro deterioro de la salud, para los militares acusados de delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. A la vez que advirtió que “querer justificar acciones por violaciones a los derechos humanos violando esos mismos derechos es un contrasentido”.
“Lamentablemente a veces se puede recurrir a prácticas que, intentando ser ejemplares, desembocan en situaciones de flagrante violación a las normativas sobre la prisión preventiva, aún a personas mayores de 70 años, y con claro deterioro en su salud, por ejemplo, llevándolos a las salas de audiencias en camillas”, dice Olivera en una potencia que leyó en un encuentro mundial de capellanes castrenses que se realiza en Roma que trata precisamente la privación de la libertad en el contexto de los conflictos armados.
Monseñor Olivera dice que recogió “tantos testimonios tristes y dramáticos de personas mayores que fueron detenidas más de nueve años, en una prolongada `prisión preventiva’ sufriendo todo lo que ese estado les ha significado. Fueron y son calificados de ‘genocidas’ y, a pesar de ello, algunos fueron absueltos. Peor aún, están siendo juzgados con leyes técnicamente retroactivas, alejadas de los principios fundamentales del derecho penal, nacional e internacional”.
Tras señalar que “no se respeta en absoluto el máximo legal para dicho estado de detención que alcanza a una duración máxima de prisión preventiva de dos años, pudiendo extenderse por causa justificada a tres años”, afirma que “en mi país, en el estado de prisión preventiva, u número considerable de estos detenidos pierden la vida por falta de la debida atención médica, que deberían poseer acorde con su edad avanzada”.
Puntualiza que a octubre se contabilizan 533 fallecidos en prisión; 847 procesados y 983 condenados. Mientras que el promedio de las prisiones preventivas supera los seis años: 149 caos, entre tres y seis años; 290 casos, entre 6 y diez años, y 93 casos más de diez años. Detalla que la edad promedio de los detenidos es de 75 años, siendo el menor de 60 años y el mayor de 90. Y 89 tienen entre 70 y 90 años, habiendo uno de 98 años.
“¿Podemos hablar de derechos humanos con 10 años de prisión preventiva, es decir, sin condena?”, se pregunta. Y agrega: “No podemos quedar callados cuando se priva a los acusados del derecho fundamental del debido proceso, como así cuando se les niega el beneficio que por edad o estado de salud está previsto en cuanto a la detención en su domicilio y cuando son excluidos de una asistencia médica elemental”.
Entre otros casos, menciona el de un marino de 82 años que fue detenido en 2011 y “recién recuperó su libertad, luego de ocho años, en agosto pasado por ser absuelto por unanimidad por el tribunal oral que lo juzgó”.