El Tribunal Constitucional dePerú aceptó este martes una demanda de la oposición contra el cierre del Congreso, y dictaminará en unas semanas si el presidente Martín Vizcarra violó o
no la Carta Magna al dar tal paso, informó un magistrado.
El Tribunal por unanimidad acordó “admitir a trámite la demanda competencial” sobre la disolución del Congreso, decretado por Vizcarra el 30 de septiembre, anunció su presidente, Ernesto Blume, tras una sesión a puertas cerradas de sus siete magistrados.
Por otra parte, el Tribunal rechazó por mayoría la medida cautelar pedida con la demanda por el jefe del cesado Congreso, el opositor Pedro Olaechea, para conseguir la reapertura inmediata del parlamento y la cancelación de los nuevos comicios legislativos convocados por Vizcarra para el próximo 26 de enero.
La admisión de la demanda no implica una toma de posición sobre el fondo de la cuestión y el tiempo para obtener una decisión final podría ser dos o tres meses, según expertos.
“El partido va a empezar, no sabemos cómo va a terminar… hemos entrado a una vorágine cuyo resultado nadie lo puede predecir”, dijo Aníbal Quiroga, un abogado experto en derecho procesal y constitucional a la radio local RPP.
Ahora el gobierno tiene un plazo de 30 días para presentar sus descargos ante la demanda, cuya aceptación por parte del Tribunal mantiene la incertidumbre en este país andino sacudido desde hace tres años por recurrentes choques entre ejecutivo y legislativo.
Después de los descargos del gobierno, el TC convocará a una audiencia para que ambas partes argumenten sus posiciones y luego tendrá 30 días para dictar su fallo inapelable, lo que podría afectar los plazos de los comicios del 26 de enero.
La demanda fue presentada por el jefe del cesado Congreso, Pedro Olaechea, y su aceptación constituye un revés, aunque no una derrota total, para Vizcarra, quien adelantó que respetará lo que dictamine el TC.
El presidente había pedido al Parlamento que elaborara requisitos más rigurosos para elegir a seis miembros del Tribunal Constitucional, un órgano clave en el manejo del poder, pero el Congreso no tomó en cuenta el pedido presidencial y escogió a un miembro de la mencionada corte, por lo que Vizcarra ordenó su cierre, amparado en una potestad constitucional.
De acuerdo con la Constitución el Parlamento de 130 miembros ha quedado reducido a 27 que conforman una comisión permanente que sólo tiene atribuciones para recoger todos los decretos supremos con los que Vizcarra gobernará hasta el 26 de enero de 2020, cuando se elegirían los nuevos parlamentarios.
El disuelto Congreso estaba desprestigiado por la férrea defensa de algunos de sus integrantes investigados por corrupción. La líder del partido dominante, Keiko Fujimori, está detenida mientras es investigada por un presunto lavado de dinero de la empresa brasileña Odebrecht.
Fuente: AFP y AP