En virtud de la fuerte repercusión pública que tuvo sobre todo en el feudo santiagueño, la carta misiva, que publico Total News y que fuera enviada por Luis Manuel Pericas a las más altas autoridades del Ejecutivo Provincial, fuentes inobjetables consultadas por este medio, pudieron determinar que, a pedido del influyente y controvertido empresario Néstor Ick (vinculado en especial a la explotación del juego de azar), el gobernador Gerardo Zamora convocó de urgencia al jurista Ricardo Gil Laavedra dado que éste, de inmediato comenzaría a desarrollar toda su capacidad de lobby sobre los miembros de la Corte Suprema de Justicia, en cuya sede debe definirse la suerte los planteos promovidos por el mismo Luis Manuel Pericás.
Por cierto la Corte Suprema debe definir planteos de inconstitucionalidad en orden a la intervención de una jueza “especial” producto de la creación de un nuevo régimen judicial en el caso del señor Pericas, cuando el hecho que se le atribuye (inexistente y pretextado fraude en perjuicio del erario santiagueño) resulta ser de ocurrencia anterior a la creación en la Provincia de Santiago del Estero de dicho fuero judicial “especial”.
Se recuerda que en su momento el INADI dictaminó en el sentido que el señor Pericás había sido objeto de un manifiesto acto de discriminación en la distribución de la pauta publicitaria por parte del gobierno de la Provincia de Tucumán en cuya jurisdicción emitía la radio LV7; y fue en base a ese dictamen en que la Justicia tucumana le dio curso favorable a las acciones judiciales entabladas por el señor Pericás.
A partir de allí se desató una sistemática persecución político judicial en contra del señor Peircás orquestada básicamente por el gobernador tucumano Manzur, la cual fue calculadamente vehiculizada en territorio santiagueño bajo el impulso del controvertido empresario Néstor Ick y en sintonía también con el gobernador Gerardo Zamora.
De otro orden, también la Corte Suprema debe definir el planteo de excarcelación promovido y denegado por el feudo judicial santiagueño respecto del mismo Pericás, quien se encuentra sujeto a un arbitrario proceso judicial producto de una enconada persecución político judicial.
Ya el alto Tribunal corrigió severamente al Superior Tribunal cordobés en ocasión del caso “Loyo Fraile”, y con dicho precedente (entre otros mas) es de esperar que los cortesanos no resulten permeables al lobby que intente llevar a cabo el jurista Ricardo Gil Laavedra.