Los tiempos de la justicia a veces son insólitos. Transcurrieron quince años desde que se inició un expediente por supuesto enriquecimiento ilícito en Comodoro Py y recién ahora comenzó a peritarse el patrimonio
de Carlos Menem, su ex esposa Zulema Yoma y su hija Zulemita. La juez María Eugenia Capuchetti que se hizo cargo hace pocos meses del juzgado que tuvo por años Norberto Oyarbide, ordenó una pericia económica sobre los bienes del ex presidente en una denuncia de larga data.
La Cámara Federal en 2013 rechazó archivar la causa en la que se investiga al ex presidente Carlos Menem por presunto enriquecimiento ilícito, derivado del contrabando de material bélico a Croacia y Ecuador por el que ya fue condenado a siete años de prisión, pero finalmente la Cámara de Casación el año pasado lo absolvió, bajo el argumento de que se había vencido el “plazo razonable”. El proceso judicial llevaba para entonces 23 años.
Bajo la premisa de que parte del dinero que se pagó por la venta ilegal de armas a Ecuador, Croacia y Bosnia habría ido engrosar el patrimonio de Menem o de su entorno, se ordenó después de 15 años una pericia contable que ordenó la jueza María Eugenia Capuchetti recientemente a cargo del juzgado. La fiscal del caso es Paloma Ochoa.
La medida abarca el período 2004 a la fecha ya que el ex presidente cuenta con una banca en la Cámara Alta. La pericia que el año pasado había solicitado el juez Marcelo Martínez De Giorgi quien subrogaba el Juzgado, fue ordenada ahora por Capuchetti y quedó a cargo de la DAJUDECO (Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación) que depende de la Corte Suprema. La pericia se ordenó con carácter de urgente.
La causa tránsito por un laberíntico camino. Estuvo mucho tiempo en el máximo Tribunal Penal tras varios pedidos de prescripción de la causa presentados por las defensas, como también planteos de plazos razonables.
Incluso los abogados Pedro Baldi y Omar Daer, entonces defensores de Carlos Menem, habían reclamado que la investigación del supuesto enriquecimiento formó parte de la causa por contrabando y otro por presunta omisión maliciosa en declaraciones juradas de bienes. Esto fue rechazado y la causa siguió su curso.
La investigación no sólo recae sobre el ex presidente, sino sobre su ex esposa Zulema Yoma, y la hija de ambos Zulema Menem.
La causa se inició hace 15 años después que el fiscal Carlos Stornelli pidiera en 1996 al juez federal Jorge Urso (entonces instructor del caso) que se haga una extracción de testimonio para que otro juzgado investigue si por la venta ilegal de armas, existió además un presunto enriquecimiento ilícito de Menem y sus allegados.
En este expediente la que la Oficina Anticorrupción (OA) fue admitida como querellante, quedó radicada desde sus inicios en el Juzgado 5 que estaba a cargo del juez federal Norberto Oyarbide. Su única medida fue citar a indagatoria a los imputados el 16 de febrero de 2005.
Entonces hubo un reclamo de las defensas. Aquella citación se produjo sólo seis días antes de que se cumpliera el plazo de prescripción de la causa y los abogados adujeron que sólo se procedió a la citación con ese único fin. El planteo fue recurrente: “se violaba la garantía constitucional de defensa y el derecho de los imputados a ser juzgados en un plazo razonable”. Estas quejas fueron rechazadas y la causa no prescribió además, porque Menem ingresó al Senado.
Así, la investigación tiene como hipótesis central la “determinación de la existencia de un presunto enriquecimiento patrimonial ilícito en que pudo haber incurrido Carlos Menem –ya sea por sí o mediante interpósitas personas- desde 1999”.