La Procuración General de la Nación inició un proceso de “información sumaria” en busca de esclarecer los hechos que involucran a un empleado de ese organismo por consultas realizadas al sistema
de la Dirección Nacional de Migraciones para obtener información sobre salidas del país de dos jueces del fuero penal económico.
La decisión se produjo luego de que la Procuración tomara conocimiento de la investigación a cargo del juez federal Rodolfo Canicoba Corral, según la cual desde distintos organismos del Estado se habrían realizado averiguaciones sobre viajes de más de 20 magistrados.
“Podrían existir ingresos ilegítimos al sistema de la Dirección Nacional de Migraciones con el cometido de constatar los movimientos migratorios de dos magistrados del fuero Penal Económico”, se indicó en la resolución de la Procuración.
A cargo del sumario fue designado el secretario de la Procuración General de la Nación, Juan Manuel Casanovas, quien podrá designar un asesor y tendrá 30 días para presentar la información.
De la investigación judicial, surgió que desde un usuario registrado a nombre del Ministerio Público Fiscal (MPF) se habían realizado consultas a la Dirección Nacional de Migraciones para obtener información de las salidas al exterior de los jueces Javier López Biscayart y Marcelo Ignacio Aguinsky.
En ese contexto, el juez Canicoba Corral preguntó a la Procuración General de la Nación “en el marco de qué investigación o actuaciones, y con intervención de qué Magistrado, se dispuso ingresar a la base de datos” y si “se tomaron los recaudos de seguridad para mantener la cadena de custodia de dicha información”.
De acuerdo al expediente judicial, las consultas se habían realizado a través de un usuario registrado y autorizado como Ignacio Martín Descalzi, quien integra la Fiscalía General 1 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Ciudad de Buenos Aires, que encabeza Diego Luciani.
Según su legajo, Descalzi ingresó a esa fiscalía el 30 de julio de 2018, proveniente de la Fiscalía Federal 2 de San Isidro, donde había ingresado en 2007.
La Procuración le solicitó a Luciani que informara qué agentes de su fiscalía estaban autorizados a consultar el sistema de Migraciones, con qué usuario lo hacen habitualmente y si en el marco de algún expediente se había dispuesto consultar sobre los movimientos migratorios de los dos jueces del fuero penal Económico.
Luciani respondió que en su fiscalía existe un usuario para ingresar al sistema informático de la Dirección Nacional de Migraciones, que esa cuenta fue creada el 4 de julio de 2017 bajo el usuario diluciani y agregó que el personal que presta funciones en la dependencia a su cargo se encuentra autorizado a compulsar información empleando esa única cuenta.
En ese contexto, fue el propio quién Luciani solicitó “que se realicen las actuaciones administrativas que correspondan a los efectos de esclarecer la responsabilidad -si es que la hay- en el incorrecto uso de dicha herramienta de búsqueda”, según consta en la resolución de la Procuración