Con un listado de casi cien testigo, el fiscal ante el Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5), Diego Velasco realizó el ofrecimiento de pruebas en el juicio por lavado de dinero
contra Cristina, Máximo y Florencia Kirchner. Ya había presentado las pruebas en Los Sauces (la inmobiliaria familia) y en esta oportunidad, lo hizo en Hotesur SA (dueña del hotel Alto Calafate). Son las dos firmas de los Kirchner utilizadas para operaciones de blanqueo, según determinó la Justicia.
El ofrecimiento de pruebas es un paso previo a que se ponga fecha definitiva de arranque del juicio. El fiscal le entrega al Tribunal los hechos que considera deben ser evaluados durante el juicio. Entre esas pruebas, el fiscal también presentó un listado de 100 testigos para que sean habilitados para dar su testimonio cuando se realice el juicio oral y público.
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El próximo paso estará a cargo del TOF 5 integrado por los jueces Daniel Obligado, José Martínez Sobrino y Adriana Palliotii, quienes deberán proveer la documentación que se expondrá durante las audiencias de debate y en consecuencia, fijar la fecha para el inicio del juicio oral y público que tiene entre sus principales acusados a la familia Kirchner, a Lázaro Báez a Cristóbal López, entre otros.
Las investigaciones se realizaron por separado durante su instrucción, pero fue la Cámara Federal de Casación la que resolvió que el Tribunal Oral Federal 5 se quede con ambos expedientes y tienen pensado realizar un juicio unificado. Sin fecha aún, fuentes judiciales indicaron que podría ser en la primera etapa del próximo año cuando -de reiterarse el escenario electoral de las PASO- Cristina Kirchner sea vicepresidenta de la Nación.
En estas dos causas se investigaron los negocios familiares. Por un lado, en Hotesur -firma dedicada al rubro hotelero- se analizaron los negocios con Lázaro Báez, responsable de administrar tres hoteles de la familia Kirchner. En el caso de Los Sauces, se planteó una estructura de lavado de activos a través de la simulación de alquileres de propiedades que administraba esa inmobiliaria familiar.
Con meses de diferencia estos expedientes representaron el procesamiento por lavado de activos para Cristina Kirchner y sus hijos que cumplían -según la Justicia-, roles importantes en las firmas. Las causas fueron elevadas a juicio oral y hace poco quedaron juntas en un único Tribunal.
Los Sauces SA y Hotesur SA dedicadas a la locación de inmuebles -en el segundo caso exclusivamente de hoteles- fueron investigadas por los contratos celebrados esencialmente con los empresarios K Lázaro Báez y Cristóbal López. En el caso de la inmobiliaria, se estimaron operaciones por encima de 30 millones de pesos, y con la empresa hotelera la justicia cree que se blanquearon unos 80 millones de pesos.
Ambas investigaciones tienen pruebas compartidas y prácticamente la misma lista de procesados. El delito se habría cometido con un mismo modus operandi: los gobiernos de Cristina y Néstor Kirchner beneficiaban a los empresarios K con negocios públicos y estos presuntamente les hacían retornos indebidos y millonarios a través de alquileres de viviendas (Los Sauces) o la contratación de habitaciones de hoteles (Hotesur).
De los 19 imputados en Hotesur, 12 lo son también en el caso Los Sauces. Cuando se pidió la unificación se señaló que “tamaña y extraordinaria coincidencia de imputados obedece a algo más, ambas maniobras de lavado de dinero reconocen una misma estructura y están íntimamente relacionadas entre sí”.
En ambas causas se investigó la creación de sociedades dedicadas al alquiler de inmuebles como pantalla de actividad legal. “Frente a una extensísima posibilidad de formas habitualmente identificadas para este tipo de reciclaje, la técnica que se habría elegido para dar apariencia de legalidad al dinero en ambos proceso fue exactamente la misma (ingresos por préstamos, por rubro hotelero y alquiler de inmuebles)”.
En la acusación el fiscal de la causa, Gerardo Pollicita remarcó: “desde la lógica de la imputación penal, ambas sociedades, Hotesur y Sauces, fueron adquiridas con idéntico fin: canalizar y reciclar fondos con apariencia de legalidad”.
Asimismo, estos dos expedientes quedaron vinculados a la defraudación en la obra pública a favor de Lázaro Báez. La Cámara federal porteña indicó que la corrupción en dicho expediente, es el delito precedente de las investigaciones por lavado de activos, es decir, que una porción del dinero que el empresario K percibió por parte del Estado, se derivó a los alquileres de las empresas de los Kirchner y finalmente, al patrimonio de los ex Presidentes.