La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) expresó un fuerte rechazo al informe elaborado por la Comisión de la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, en relación con la denominada
causa D’Alessio, y en el que se intenta vincular a periodistas con la realización de tareas de “inteligencia ilegal”.
Según un comunicado que emitió Adepa “pretender que un organismo gubernamental audite la tarea periodística contradice la esencia misma de la libertad de prensa, vulnera la Constitución Nacional y desconoce los tratados internacionales”. Además, desde la entidad consideraron que “tanto la solicitud de dicho informe por el juez Alejo Ramos Padilla como la elaboración del mismo por la Comisión, constituyen peligrosos precedentes contra la libre expresión y el ejercicio profesional del periodismo”.
La semana pasada, la Comisión de la Memoria que preside el premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel presentó un informe de 200 páginas a pedido del juez Ramos Padilla en el que consideran que D’Alessio “instaba a diferentes periodistas a que la información colectada y analizada de manera ilegal sobre sus “blancos” de investigación fuera publicada”. Ese informe generó la reacción de diversas personalidades de la política, instituciones y dirigentes de todos los ámbitos que lo cuestionaron por ir en contra de la libertad de prensa y por desconocer por completo el oficio del periodismo.
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En el comunicado de Adepa califican de “insólito” al contenido del informe de la Comisión. “Se pretenden establecer interacciones y motivaciones de diversos periodistas para vincularlos con operaciones de inteligencia ilegal, desconociendo el oficio del periodismo y sus herramientas más elementales. Las cuestionables especulaciones del informe, lanzadas sin ninguna autoridad profesional ni debido proceso, configuran un hecho lamentable del que no se recuerdan antecedentes en democracia”.
La solicitud judicial ya había merecido un rotundo rechazo por parte de Adepa, por ser inconducente, no vinculante con una causa judicial y totalmente alejada de los objetivos centrales que tiene por ley la CPM, que preside Pérez Esquivel, y que integran Víctor Mendibil, Ernesto Alonso, y el secretario coordinador Roberto Cipriano García.
Pérez Esquivel la semana pasada se mostró junto al operador cristinista Eduardo Valdés en un acto que organizó Alberto Fernández. Valdés es señalado, según escuchas telefónicas legales, como el armador de la “operación Pup Puf” que dio origen al caso D’Alessio. En esas escuchas habla, Valdés habla con Juan Pablo Schiavi, preso en Ezeiza, y le explica cómo armaron la denuncia contra el fiscal Carlos Stornelli para que caiga en el juzgado de Ramos Padilla.
En el informe que presentó esa Comisión a Ramos Padilla, se menciona a los periodistas Daniel Santoro, Jorge Lanata,Luis Majul, Gustavo Grabia, Nicolás Wiñazki, Rodrigo Alegre, Rolando Graña y Guillermo Laborda, entre otros. Y se llega a hablar de una “posible interacción de inteligencia ilegal con periodistas y medios”. Sin embargo, el informe no incluye los descargos de los periodistas ni señala que en los chats del falso abogado Marcelo D’Alessio sólo se leen pedidos de información sobre causas judiciales en las que se investigan casos de corrupción en el Estado. Lo que no implica en absoluto “tareas de inteligencia”.
En el caso del periodista Santoro, el informe considera que no sólo recibió sino que también envió “información sensible” al falso abogado. Santoro explicó que lo que envió es un informe de antecedentes comerciales –de carácter público- de un ex directivo de PDVSA para verificar quién era, porque el nombre estaba mal escrito”.
Conocido el informe de la CPM, Adepa reiteró su rechazo a esta clase de “auditorías” y expresó su alarma pública por el grave riesgo que esto conlleva para la libertad de prensa y el ejercicio profesional del periodismo de investigación.
En el comunicado Adepa recuerda que “sin una prensa vigorosa e independiente sólo puede existir una democracia puramente nominal. Fácil es advertir que lo está poniéndose en riesgo es el sistema mismo de gobierno consagrado por nuestra Constitución Nacional”.