La fuerte denuncia del juez federal Rodolfo Canicoba Corral sobre el supuesto espionaje ilegal por parte de distintas agencias del Estado sobre magistrados -entre ellos él mismo-, legisladores y periodistas recibió un
contragolpe este viernes: la Unidad de Información Financiera (UIF), desmintió estar involucrada en esas maniobras, advirtió que sus investigaciones son secretas y se inician tras pedidos judiciales, reportes de operaciones sospechosas o requerimientos internacionales, y aseguró que ese material se mantiene con la debida reserva.
“La Unidad de Información Financiera desmiente categóricamente las insinuaciones falsas recientemente publicadas sobre su supuesto involucramiento en tareas de ‘espionaje ilegal‘ con relación a magistrados y funcionarios”, informó el organismo antilavado.
“La UIF no hace ‘espionaje’. Es el organismo encargado de investigar sospechas de lavado de activos y financiación del terrorismo. Para ello, recibe información de fuentes locales e internacionales y cuenta a su vez con facultades legales para requerir información sobre las operaciones sospechosas que se encuentre analizando”, continuó con su descargo oficial.
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“La información recabada es analizada y diseminada al Ministerio Público Fiscal o al Poder Judicial cuando existen elementos de convicción suficientes para sospechar la comisión de delitos graves, como son el lavado de activos y sus delitos precedentes (especialmente la corrupción), o la financiación del terrorismo”, detalló el organismo.
Pero entonces enhebró dos párrafos para leer entrelíneas. “Las tareas que la UIF lleva a cabo, incluyendo los requerimientos de información que diariamente efectúa a nivel nacional e internacional, se realizan siempre en el marco de la ley y procedimientos internos vigentes, y en línea con estándares y mejores prácticas internacionales”, advirtió.
“La UIF tiene por ley el deber de guardar secreto sobre sus investigaciones y no revela su existencia ni contenido a ningún tercero, menos aún a quien pueda ser objeto de las mismas. La UIF-AR atribuye las operaciones mediáticas montadas en su contra precisamente a su negativa a violar dichas obligaciones en el marco de requerimientos judiciales extralimitados“, cierra el ente que dirige Mariano Federici.
Desde que el miércoles trascendió la investigación de Canicoba Corral por supuesto espionaje ilegal supuestamente contra 21 jueces -que luego envió a sorteo y pasará a manos de su colega María Servini- Clarín intentó reconstruir los motivos de tan grave denuncia, en la que el juez apuntó contra la UIF, la AFIP, la Agencia Federal de Inteligencia”.
Ante el silencio de los organismos mencionados, dos fuentes judiciales encendieron luces amarillas sobre la cuestión. “Este semana, Canicoba habría preguntado en la UIF si estaban investigando sus propios movimientos migratorios y los de otro juez de Comodoro Py“, dice un empleado de ese edificio de Retiro.
La respuesta no habría sido la que él juez esperaba: “Esas consultas deben incluir en qué expediente se enmarca el pedido, cuáles son los hechos que se investigan, y qué sospechas existen para fundamentar esa solicitud respecto a las personas indicadas. Es lo que hacen todos los organismos oficiales, justamente para no violar secretos personales o fiscales”, completa otro magistrado que conoce el caso.
La sospecha es que esa jugada supuestamente personal podría haber disparado las averiguaciones de Canicoba respecto a otras dos decenas de jueces, para “esconder” el verdadero origen de su interés. Hasta ahora no hay pruebas de algo así, y la denuncia del magistrado sobre un posible espionaje ilegal contra funcionarios del poder judicial es muy grave como minimizarla.
Este diario intentó comunicarse con el doctor Canicoba Corral, sin suerte. Tampoco hubo respuestas por parte de la UIF.
Sin embargo, en la justicia recuerdan que el organismo antilavado actúa por pedido de los jueces, reportes de operaciones sospechosas informados por los bancos y otras entidades, y de otros países. “Si efectivamente hay sospechas sobre Canicoba, y la UIF actuó por alguno o varios de esos disparadores, el juez tendría motivos para estar preocupado”. No es todo: si el magistrado hubiera usado su investidura para pedir información reservada sobre sí mismo, hasta podría ser denunciado por prevaricato.
Pero no son todas negativas para el titular del juzgado federal 6. Este viernes, con la firma de su presidente Marcelo Gallo Tagle, la Asociación de Magistrados difundió un comunicado que, aún sin nombrarlo, es un fuerte apoyo para Canicoba Corral. “La Asociación expresa su profunda preocupación respecto de operaciones de espionaje ilegal de la cual habrían resultado víctimas distintos jueces, y que se encuentra en plena etapa de investigación en el fuero federal”, comienza el texto.
“En caso de verificarse esas maniobras ilícitas, de marcada gravedad institucional, se impone investigar quién y por qué las motorizaron, tanto si han sido diagramadas por particulares, funcionarios infieles aislados, una organización paraestatal o, lo que sería más grave aún, una institución pública que decididamente se haya volcado a esa faena ilícita incluso con algún grado de sistematicidad”, sigue el comunicado, llevando las sospechas hasta el límite de la acusación directa contra la UIF.
“Este tipo de conductas -continúa- violan gravemente el derecho a la intimidad del que también son titulares los jueces, a la par que quebrantan el estado de derecho que debe imperar en una sociedad civilizada.”
“Esta Asociación se solidariza con los magistrados que habrían sido víctimas de esos ataques y seguirá con atención el curso de la investigación llevada adelante por el juez y fiscal intervinientes, a quienes deseamos éxito en esa importante tarea, en procura del pronto esclarecimiento de esta perturbadora situación”, advierte la Asocación de Magistrados.