Después del proyecto oficial de “ley mentir”, para intentar penar el falso testimonio en la justicia, el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López presentó este jueves un proyecto de ley para
modificar el Código Procesal Penal Federal, ahora para prohibir que la Oficina Anticorrupción pueda abandonar las querellas contra ex funcionarios públicos acusados en la justicia.
En lenguaje técnico, el proyecto establece la “prohibición de desistimiento en los casos de delitos de trascendencia pública, crimen organizado o en aquellos que hayan intervenido funcionarios públicos y hubiera entidades del sector público interviniendo como querellante en el proceso”. El enunciado no menciona expresamente al organismo que hasta ahora conduce Laura Alonso, y su interpretación podría extenderse a la Unidad de Investigación Financiera (UIF).
“El Estado no podrá desistir de su querella cuando haya sido aceptada su intervención en el proceso penal, salvo en los casos expresamente previstos por la ley, bajo apercibimiento de las sanciones administrativas o penales que pudieran corresponder“, advierte además la modificación propuesta.
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Si la propuesta se convirtiera en ley, esos o cualquier otro organismo oficial que querelle en causas por corrupción -como lo hizo la AFIP contra la petrolera Oil Combustibles, de Cristóbal López- “no podrán desistir expresa ni tácitamente de dicha intervención”.
Según voceros del partido que lidera Elisa Carrió, la intención es que “en caso de que haya un cambio de gobierno, la Oficina Anticorrupción (OA)y la Unidad de Información Financiera (UIF) continúen siendo querellantes en causas por corrupción anteriores a 2016“.
Con la casi certeza de que no será aprobado, el proyecto lleva al Congreso una preocupación que desde las PASO ya está instalada en los tribunales: el futuro de las causas contra ex funcionarios kirchneristas.
El texto también establece que “en los casos en que se trate de delitos de trascendencia pública, crimen organizado o hayan intervenido funcionarios públicos, la entidad del sector público que estuviere interviniendo como querellante en el proceso deberá apelar la decisión que disponga el sobreseimiento, siempre que tal decisión no haya sido pretendida por ella.” Para evitar esta obligación, ese organismo deberá presentar un escrito firmado por el ministro correspondiente.