La Sala VI de la Cámara de Apelaciones del Trabajo ordenó que la empresa PepsiCo cumpla “con el deber de ocupación” de diez trabajadores de la planta de Vicente López que fueron despedidos y solicitaron el dictado de una medida cautelar para preservar sus puestos.
En la sentencia, el tribunal integrado por los jueces Luis Aníbal Raffaghelli y Néstor Rodríguez Brunengo concluyó que el trabajo “es un derecho esencial para la realización de otros derechos humanos y constituye una parte inseparable e inherente a la dignidad humana”.
Además exigieron el cumplimiento inmediato de la resolución bajo apercibimiento de aplicar sanciones conminatorias de $5.000 por día.
Especialistas en derecho laboral coincidieron en que el fallo tiene varios componentes polémicos. No sólo porque vulnera la libertad de la empresa, sino porque atenta contra la seguridad jurídica y la llegada de nuevas inversiones.
“Lo que los jueces no entendieron en este caso es que la empresa está cerrando. El fallo es de cumplimiento imposible”, aseguró el abogado laboralista Juan José Etala ante la consulta de Infobae.
PepsiCo anunció públicamente que decidió cerrar su planta en Vicente López para trasladar las operaciones a Mar del Plata. El 80% de los trabajadores acordó su salida con indemnizaciones de hasta $5 millones. El 20% restante decidió tomar la fábrica con la colaboración de militantes de izquierda. En ese grupo se encuentran Leandro Javier Gómez, Elizabeth Myriam Vique Laime, Facundo Javier Guzmán, Mónica Ruiz, Orlando Daniel González, David Ángel Gramajo, Estefanía Herbas, María Ester Albornos, Beatriz Myrna Vega y Juan Carlos Romero, los trabajadores alcanzados por el fallo de la Sala VI.
“Este tipo de sentencias atentan contra todos los derechos de cualquier empleador, que puede cerrar o trasladar una planta siempre y pagarles la indemnización a los trabajadores, como ocurrió en este caso. Lamentablemente, hay jueces que con sus decisiones vinculadas probablemente a cuestiones políticas terminan afectando a un fuero que tiene muy buenos magistrados”, analizó Etala.
Raffaghelli, uno de los magistrados que rubricaron la sentencia interlocutoria, fue denunciado por el Gobierno con pedido de juicio político por otra medida cautelar similar en la que dispuso reincorporar a 9 trabajadores despedidos del AFSCA (hoy Enacom).
Allegados a la compañía de snacks adelantaron que apelarán la sentencia.
fuente infobae
