La idea fue simple y sencilla. A principios de junio, una ONG dedicada a la educación, que está avalada por 35 especialistas de diversos orígenes, les pidió a los candidatos a
presidente que presentaran sus propuestas educativas para el próximo período. Nada del otro mundo, se puede suponer, para un equipo que se presenta para dirigir el país. La fecha límite era el 1° de septiembre, que luego se extendió al 1° de octubre. Pasado el lapso, sólo cuatro de los seis candidatos que pasaron las PASO enviaron sus documentos, que ahora el Observatorio Argentinos por la Educación dio a conocer. Y las propuestas difieren mucho entre unas y otras.
Hicieron los deberes los equipos de Mauricio Macri, Roberto Lavagna, José Luis Espert y Juan José Gómez Centurión. Dejaron “la silla educativa vacía” Alberto Fernández y Nicolás del Caño.
El documento más elaborado, por lejos, fue el que envió Macri, confeccionado por los técnicos del Ministerio de Educación. El extenso texto combina una defensa de los “logros” de estos años con diez “compromisos” para continuarlos. Algunos son consolidar la evaluación como herramienta de gestión, impulsar un sistema de información “nominalizado” en todas las provincias (para seguir la trayectoria de cada alumno), profundizar el plan “Aprender Conectados” (de alfabetización digital), entre otros.
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Una propuesta concreta: el plan de “terminalidad de la secundaria”, una oferta virtual para que más estudiantes que llegan al último año de la secundaria, la terminen y tengan su título.
La “plataforma educativa” de Consenso Federal tiene un enfoque económico. Entre los objetivos que se propone están “mejorar los ingresos de los docentes y garantizar el financiamiento educativo equitativo en todo el país”, evaluar a todo el sistema, “no sólo a los alumnos”, entre otros. A la hora de presentar las propuestas, hablan de hacer cumplir la ley del 6% del PBI de inversión y llevarlo al 6,5%, o “garantizar como Estado nacional un salario mínimo docente para todo el país”.
Algo diferente: “crear una carrera de directores de escuela cuyo título sea requisito para acceder al cargo”.
Espert fue el más “disruptivo”. Arranca con un diagnóstico peculiar: que “la decadencia del sistema no es casualidad ni está explicada en un problema técnico sino por la cooptación del sistema por ideas de extrema izquierda movilizadas por el accionar de los sindicatos y por las estructuras burocráticas de los ministerios de educación”.
A partir de ahí las propuestas van de frente contra el sector gremial. Propone declarar a la educación como “servicio público esencial” y así limitar las huelgas y modificar el estatuto de los docentes. Una propuesta distinta: que haya que aprobar un examen nacional estandarizado para pasar la primaria y la secundaria. Otra: arancelar las universidades públicas y “reestructurar su oferta académica para adecuarse a la demanda del alumnado, tal como lo hace cualquier universidad privada”.
Lo de Gómez Centurión es breve. Propone, entre otras cosas, “enseñar valores desde la temprana edad, priorizando la defensa de la vida desde la concepción”, “eliminar de las aulas la ideología de género”, y facilitar la inserción laboral de los jóvenes con un sistema dual que combine escuela y trabajo, similar al aplicado en Alemania.
También propone “universalizar el Régimen de Profesores designados por cargo implementado en la Ciudad de Buenos Aires, ya que asegura que el ejercicio docente no sea una actividad ambulatoria y facilita la relación docente-alumno”.
“Como sociedad tenemos que conocer los objetivos que en educación se proponen los distintos candidatos presidenciales. Sin ellos, las diferencias pierden sentido. Es un paso adelante que cuatro de los seis candidatos hayan presentado su propuesta pero tenemos que seguir insistiendo por las de Alberto Fernández y Nicolás del Caño”, dijo a Clarín Ignacio Ibarzábal, director ejecutivo del Observatorio.