“Empezó a acosame, me quería besar, se metía a cuidar a mis hijos. Se supone que casi no tiene que tener contacto conmigo para no exponerme y lo tenía encima todo el
tiempo. Lo denuncié y no me hicieron caso. ‘El hombre se enamoró‘, me dijo su jefe, disculpándolo”, le contó a Clarín, en diciembre de 2017, una víctima de trata.
La mujer había declarado contra el clan de los hermanos Ale, en Tucumán, y por eso había sido ingresada en el Programa de Protección a Testigos del Ministerio de Justicia de la Nación el 30 de octubre de 2014. Pero allí la pasó muy mal, en gran parte porque el operador del que dependía su vida cotidiana empezó a aislarla e intentó abusar de ella.
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La joven lo denunció y en julio de 2017 huyó del Programa con sus dos hijos. Durante mucho tiempo su caso -pese a la condena a los Ale- pareció haber quedado en la nada: ni la causa penal ni el sumario administrativo contra el operador prosperaron.
Pero eso ahora cambió y no sólo para ella, sino también para otras dos víctimas que sufrieron lo mismo por parte del mismo agente, un hombre de 55 años con una década “protegiendo” testigos y gran capacidad para sobrevivir a las diferentes administraciones.
Casi dos años después de que la testigo del caso Ale hiciera públicos sus reclamos de serias irregularidades dentro del Programa, el pasado 19 de septiembre la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) le pidió formalmente al ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, que active varias investigaciones al respecto.
De acuerdo al dictamen de la PIA, elaborado por el fiscal Sergio Rodríguez, al menos tres mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual denunciaron irregularidades, abusos y coacciones por parte de este agente, uno de los más antiguos del Programa, en los últimos años elevado a la categoría de Dirección Nacional del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados.
La más tremenda de estas denuncias es la de una mujer que contó que este operador hizo volver a trabajar en un prostíbulo a su hija adolescente, amenazándola con llevarse a su otra hija, de 12 años, si ella no accedía. Otra víctima aseguró que estando en el Programa fue violada por un policía, que ella lo denunció ante el operador y que éste no hizo nada.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas depende de la Procuración General de la Nación y se encarga de intervenir en los sumarios administrativos o causas penales que involucren a funcionarios del Poder Ejecutivo.
No participan de todos los casos que se registran. Semanalmente le llegan unos 50 y sólo intervienen en el 1 o 2%. Pero el caso del Programa de Protección a Testigos le llegó por dos vías.
La primera noticia la tuvieron cuando el Ministerio de Justicia -tal como es norma- le envió el aviso formal del inicio del sumario administrativo contra el agente por el caso de la testigo del clan Ale.
El segundo alerta, más fuerte, fue cuando tomó cartas en el asunto la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), que ya había tenido inconvenientes con el trato que recibían dentro del Programa las mujeres víctimas de trata que declaraban en la Justicia.
Puntualmente la Protex aportó los datos de tres causas penales: una radicada en el Juzgado Federal de Mercedes, otra en el Juzgado Federal N° 9 de Capital y otra ante la Unidad Fiscal Especializada en Violencia Contra las Mujeres (UFAM).
De acuerdo al dictamen del fiscal Rodríguez, los delitos a investigar se encuadrarían dentro de las figuras de “incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso sexual agravado mediante coacción por relaciones de dependencia o superioridad“.
Al recibir los detalles de estas tres denuncias, desde la PIA se pidió el legajo personal del agente y también copia del sumario administrativo. Entonces se descubrieron dos cosas: que el sumario interno del Ministerio de Justicia había sido muy pobremente instruido y que el operador en cuestión solo tenía el secundario completo, sin ningún tipo de curso o estudios que lo calificaran para el trabajo que estaba haciendo.
“Considerando no sólo la gravedad y multiplicidad de las imputaciones, sino las connotaciones particulares de los distintos hechos y como han afectado la administración pública, existen argumentos suficientes, según se entiende, para considerar acreditadas las causales que autorizan a requerir la suspensión del agente “, dice el dictamen fiscal, al que tuvo acceso Clarín.
De acuerdo al planteo de la Procuraduría, la poca preparación que tenía el agente denunciado obligan a revisar los procesos de selección del Programa de Protección de Testigos. Y por eso en el dictamen se hace una referencia explícita a eso.
“En relación a las palmarias falencias advertidas respecto a la idoneidad y capacitación concreta del agente (…..) se estima debería requerirse a la autoridad ministerial el urgente inicio de una auditoría integral acerca de los componentes de esa Dirección nacional. Ello a fines de determinar si el caso del agente es un caso singular o si, por el contrario, estamos frente a una falencia endémica”.
EMJ