La decisión tomada por el presidente de Perú, Martín Vizcarra, de disolver el Congreso unicameral y convocar a nuevas elecciones parlamentarias en un lapso no mayor a los cuatro meses está
contemplada en la Constitución de 1993, aprobada en referéndum durante el gobierno de Alberto Fujimori. Y aunque se quieran establecer similitudes entre esta medida y el autogolpe de Estado del 5 de abril de 1992 -cuando precisamente Fujimori cerró el Congreso, entre otras medidas de corte autoritarias, como intervenir ela Justicia y perseguir a la prensa– poco tienen en común.
La Constitución peruana prevé en su artículo 134 la “Disolución del Congreso”, una facultad que tiene el presidente si éste ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros. El sistema político peruano es semi presidencialista o semi parlamentario: esto significa que el gobierno lo ejerce el presidente del Consejo de Ministros (una suerte de primer ministro en los Estados parlamentarios europeos), conformado a instancias del jefe de Estado (el presidente) con el aval del Congreso.
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Si un ministro es “censurado” (o se le retira la confianza) por la mayoría de los parlamentarios, debe dejar el cargo. Y lo mismo ocurre con el “primer ministro” o con todo el gabinete si el Parlamento no da su aval algún proyecto en particular.
Este gobierno que comenzó con Pedro Pablo Kuczynski (PPK) en 2016 -destituido por el escándalo de las coimas de Odebrecht dando lugar a la asunción de su vice presidente primero, Martín Vizcarra-, ya había perdido una moción de confianza en septiembre de 2017 y todo el gabinete encabezado por Fernando Zavala tuvo que renunciar.
Por eso, una segunda “pérdida de confianza” habilita al presidente a disolver el Parlamento, una medida que cuenta con amplio respaldo popular a partir de los escándalos de corrupción que han sacudido al país y que el Congreso ha tratado de tapar nombrando jueces afines o defendiendo a aquellos sospechados de corrupción: el caso Odebrecht tiene en la mira a todos los ex presidentes desde Alejandro Toledo, prófugo y preso en Estados Unidos, Ollanta Humala y su esposa que estuvieron nueve meses en prisión y siguen procesados, y Alan García, quien se suicidó cuando iba a ser arrestado.
El “problema peruano” es que los presidentes se eligen cada cinco años en dos vueltas si ninguno obtiene la mitad más uno de los votos, junto con los parlamentarios, que duran todo el mandato presidencial, sin recambio de medio término. Y en las últimas elecciones, el fujimorismo de la mano de Keiko Fujimori obtuvo el 40% de los votos (y la mayoría absoluta en el Parlamento unicameral), aunque luego perdió el balotaje con PPK. Eso dejó debilitado al gobierno y fortalecida a la oposición, que se ha empeñado en poner palos en la rueda tanto a Kuczynski como a Vizcarra y frenado los intentos de transparentar la vida política impulsada por el actual presidente.
Ya Martín Vizcarra amenazó meses pasados con presentar otra moción de confianza si el Congreso no daba luz verde a seis proyectos de reforma judicial y política para luchar contra la corrupción. Esa vez, la amenaza surtió efecto y el Parlamento le dio su apoyo, pero poco hizo después para avanzar en la aprobación de esas leyes.
La cuestión, ahora, es determinar si la moción de confianza fue rechazada o no. Porque mientras Vizcarra daba su discurso anunciando la disolución del Parlamento, a las apuradas los congresistas fujimoristas y sus aliados dicen haberla aprobado. Y no sólo eso: ahora plantean la vacancia presidencial (igual que con PPK), por incapacidad moral y por propiciar un golpe de Estado. El choque de poderes más fuerte desde que Fujimori padre sí llevó adelante un autogolpe de Estado.