El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires manifestósu preocupación por la decisión del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, de ratificar su orden a la Comisión Provincial
de la Memoria, que preside Adolfo Pérez Esquivel, que determine si las notas del periodista de Clarín Daniel Santoro constituyen operaciones de acciones psicológicas.
“Lo preocupante –y grave- de esta situación es que, so pretexto de investigar la supuesta comisión de diferentes delitos penales, se violenta el ejercicio de la libertad de prensa introduciendo un marco intimidatorio en el ejercicio de ese oficio, afectándose con ello, garantías constitucionales y tratados internacionales de rango constitucional que dan amparo a la libertad de prensa y al derecho de la población a estar informado”, dijo el colegio -que preside Máximo Fonrouge- en un comunicado.
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El último antecedente de este tipo de autorías de contenido de medios fue realizado por la dictadura tomando conceptos de las operaciones de acción psicológica que usaron los ejércitos durante la Segunda Guerra Mundial o la Guerra Fría. En el libro “Las Palabras son Acciones” la biografía no autorizada de Jacobo Timerman escrita por Fernando Ruiz y en la tesis doctoral de este profesor de la universidad Austral, se recuerda que la dictadura creó un equipo parecido para leer todas las ediciones del diario La Opinión y buscar “el verdadero transfondo de las notas”.
La dictadura consideraba a La Opinión como “el apoyo periodístico más importante de las organizaciones extremistas desde su aparición en 1971”. La conclusión del “estudio” de contenido sobre la Opinión de los especialistas fue que el diario “era la empresa de disolución cultural más nociva con la que cuenta el marxismo en nuestro país”.
En su comunicado de hoy, el colegio recordó que diversas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas, el Foro de Periodismo Argentino, la Academia Nacional de Periodismo y la Sociedad Interamericana de Prensa, han expresado que dicha decisión judicial “criminaliza el oficio periodístico”.
En tanto, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, ADEPA, aseveró que la medida dispuesta “constituye una clara amenaza a la tarea informativa eimplica el intento de consagraruna suerte de auditoría estatal sobre el trabajo periodístico,algo que vulnera la libertad de prensa consagrada por nuestro ordenamiento legal”. Agregó, este tipo de acciones, además de “chocar contra la Constitución y la jurisprudencia que reserva sólo al Poder Judicial el análisis de eventuales daños causados por la prensa,busca el amedrentamiento y la autocensura de la labor periodística”.