El combo de devaluación y “congelamiento” de precios de los combustibles –este jueves flexibilizado – venía afectando de una manera especial a los productores de bioetanol y biodiesel. Y esta semana
directamente “explotó”, a partir de una resolución oficial de la Secretaría de Energía, la 552/2019 (publicada este lunes en el Boletín Oficial), que en su artículo quinto ofreció una compensación del 6% a cambio de una “renuncia a todo derecho o reclamo administrativo” en todo lo relacionado a la fijación de precios de los biocombustibles. Esa cláusula fue dejada de lado ayer. Es decir, se compensará la devaluación, en principio sin que los productores de biocombustibles renuncien a otro tipo de reclamo, de acuerdo a lo informado a Clarín por fuentes gubernamentales.
Antes de conocerse esa decisión, el conflicto escaló a tal magnitud que desde distintas cámaras de los productores de bioetanol y de biodiesel acusaron de tener un “accionar extorsivo” al área energética del Gobierno. La Cámara Sucroalcoholera Argentina (CAS), que nuclea a los ingenios azucareros con epicentro en Tucumán, fue más allá de las declaraciones y presentó una acción penal contra el titular de Energía, Gustavo Lopetegui.
En representación de la Cámara Sucroalcoholera Argentina (CSA), la denuncia presentada en la Justicia Federal (sede Tucumán) está firmada por José Ramón Coronel, el presidente de la CSA, quien aseguró que “este tipo de resoluciones, que operan en el marco de la ilegalidad, continúan profundizando la crisis de nuestro sector y hacen cada vez más imposible la rentabilidad de esta actividad industrial”.
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En tanto, desde la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB) consideraron que tal medida resolutiva “no hace más que reflejar una maniobra completamente extorsiva por parte del gobierno, por lo que expresamos nuestro profundo rechazo”.
Por el régimen de promoción que establece la ley 26.093, promulgada en 2007 y prorrogada hasta 2021, los cañeros proveen el 6% del insumo con el que se componen las naftas que llegan a cada surtidor. Otro porcentaje similar lo suministran las destilerías de maíz. En tanto, los distintos productores de biodiesel, como las grandes empresas agrupadas en CARBIO y las pymes agrupadas en CEPREB, se distribuyen el 10% de corte obligatorio del biocombustible a base de soja que se mezcla con el gasoil.
El reclamo global es por incumplimiento de la normativa, tanto en la función de garantizar los niveles de corte obligatorio, como los niveles de sustentabilidad económica que la ley también prevé.
En el caso de las pymes de biodiesel, también protestan por “la falta de publicación de un precio en tiempo y forma, respetando la fórmula vigente a enero de este año”, a lo que suman “la omisión intencional por parte de la Secretaría de Energía de la Nación de fiscalizar el cumplimiento del corte obligatorio y la compra de biodiesel a las empresas pymes, conforme lo establece la ley 26.093. Esto quiere decir que tampoco están haciendo cumplir los cupos asignados a las empresas mezcladoras de combustibles”.
Aseguran desde CEPREB que “estos incumplimientos sistemáticos están poniendo en riesgo miles de puestos de trabajo y ocasionando al sector un perjuicio directo que supera los $600.000.000. Es por eso que para garantizar el normal funcionamiento de las plantas y conservar las fuentes laborales, es prioritario y determinante que el Estado respete la legislación vigente.
Por ello, solicitan “al gobierno con carácter de urgencia que disponga las medidas necesarias para que las empresas mezcladoras de combustibles adquieran el biodiesel a empresas con cupo asignado y ejerza las demás funciones que como autoridad de aplicación les compete”.