El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, coincidió este miércoles con el candidato presidencial opositor Alberto Fernández, al afirmar que las prisiones preventivas “deben
ser analizadas caso por caso”.
“Creo, y esto lo dijo el propio Alberto Fernandez, que hay que analizar caso a caso, ya que no podemos caer en generalizaciones en las prisiones preventivas porque, además, tienen una revisión de la Cámara de Apelaciones, otra revisión de la Cámara de Casación Penal y, eventualmente, otra de la Corte Suprema de Justicia”, opinó Garavano.
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De esta manera, el funcionario se pronunció respecto del caso de los empresarios del grupo Indalo que se encuentran detenidos hace dos años bajo esta figura, y luego de que la semana pasada fueron sobreseídos en un expediente que en diciembre de 2017 llevó a Cristóbal López y Fabián De Sousa a prisión.
Consultado por FM Futurock sobre las declaraciones de la cofundadora de Cambiemos, la diputada Elisa Carrió, quien sostuvo que el ex ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, debería gozar de la prisión domiciliaria, Garavano dijo que se han “impulsado mucho las prisiones domiciliarias para personas de más de 70 años o mujeres embarazadas, pero sigue habiendo resistencia de algunos jueces en otorgar estos tipos de mecanismos alternativos que se mostraron más efectivos a la hora de la reinserción social”.
“Prácticamente terminan siendo casos que no tienen tasa de reiteranza delictiva y esto tiene que ver con un programa donde se trabaja no sólo en el dispositivo electrónico sino que hay un equipo interdiscipliario”, precisó.
Por otra parte, al ser consultado sobre las denuncias judiciales contra el presidente Mauricio Macri, Garavano respondió que “hay denuncias que siempre se formulan que no son hechos de corrupción en términos como los conocemos todos”.
Y añadió que “corrupción es cuando existe un perjuicio económico a la administración pública” pero que en las denuncias contra el mandatario “en todo caso puede haber un incumplimiento de los deberes de funcionario público, o un abuso de autoridad, pero no corrupción en términos de ‘me quedé con la plata del Estado'”.
“Muchas cuestiones son previas a la gestión presidencial, como el Correo, o los Panamá Papers, así que no le asignaría mucha importancia, ya que tiene que ver con denuncias que se hacen muchas veces contra los funcionarios”, finalizó.
Con información de Télam