Caracas, especial para Clarín
El gobierno de Nicolás Maduro lanzó un nuevo censo que, se teme, podría poner en riesgo la vivienda y las propiedades de los 4 millones de
venezolanos que han emigrado y de los que se han quedado, otros 26 millones, también.
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Tanto Maduro como su vicepresidente de Planificación, Ricardo Menéndez, anunciaron la puesta en marcha este viernes del XV Censo Nacional del Sistema Estadístico y Geográfico que tendrá dos fases: el levantamiento de información inmobiliaria y, posteriormente, el empadronamiento familiar.
Según se detalló, en la primera etapa se hará un conteo de los inmuebles existentes en el país, bien sean hogares, comercios o locales, a los cuales se les colocará una etiqueta con un código QR que contendrá toda la información.
El ministro Menéndez explicó que los que realizarán ese censo serán “la Milicia Bolivariana, el Poder Popular (los concejos comunales y las brigadas chavista UBCH del PSUV y Somos Venezuela, partido de Maduro), que serán el gran cuerpo de empadronadores que vamos a tener desplegados en el territorio nacional”.
El abogado Luis Manuel Aguana denunció en el portal Panam Post que esto es una repetición del tristemente célebre caso de Luis Tascón, quien se apoderó de la información de las planillas del censo para estigmatizar a unos 4 millones de venezolanos que firmaron en contra de Hugo Chávez y que fueron excluidos.
Los funcionarios chavistas ya comenzaron a realizar el censo pero el abogado Aguana se declaró en rebeldía y propuso “no abrirles la puerta”. Rechaza que el régimen tenga información de los datos personales, de cuántas personas viven en la vivienda, de cuántas habitaciones tiene, qué tipo de vivienda se posee.
“Esto se ha agravado porque en esta fase de la destrucción de Venezuela, los chavistas van por las viviendas de 4 millones que han huido del país por razones humanitarias y de los que se han quedado”, señala el abogado.
Aguana sostiene que el régimen incautará los bienes inmuebles de los que se han ido para compensar a quienes todavía necesita en el país para su protección, en una expropiación multimillonaria, que recuerda lo que pasó en Cuba en 1960, cuando expropió forzosamente (“nacionalización”) la propiedad privada.
Elías Santana, director de Condominios.com, dijo a Clarín que le han escrito al ministro una carta en la que le solicitan una explicación sobre el polémico censo.
“Queremos que nos explique por qué se han adelantado al 2021 cuando corresponde el próximo censo, y por qué no participan los funcionarios legales del Instituto Nacional de Estadísticas, sino los funcionarios políticos de un partido oficialista como el PSUV que es ilegal desde todo punto de vista para levantar un censo”.
Santana subrayó a Clarín que los funcionarios del censo deben ser el Instituto de Estadísticas y no del partido oficialista. ”El censo debe realizarse en el 2021 con funcionarios del INE. Y no con activistas del poder popular del chavismo como las unidades UBCh del PSUV (Unidades Bolivarianas Chavistas) y del partido Somos Venezuela que fundó Maduro”.
En caso de que el ministro Menéndez no le responda la carta, lo que propone Santana es que la ciudadanía venezolana apele a la “objeción de conciencia”, un mecanismo contemplado en la constitución venezolana, para evadir el censo y que los chavistas entren a su domicilio para impedir la confiscación de la propiedad.