Siempre se sospechó que se trató de una reyerta dentro del partido entonces gobernante, pero no hubo justicia, ni en ese momento ni después, que aclarara lo sucedido. Debemos suponer que la Diputada Sra. Claudia Rucci tiene elementos para presentar, que ha logrado reunir luego de años de luchar por la memoria de su padre, y que la justicia deberá ahora analizar.
Pero debemos agregar algunos datos más. Por un lado, podría considerarse que un hecho delictivo ocurrido hace casi 40 años está prescripto. Por otro lado aquellos hechos que sean catalogados como ocurridos como consecuencia del denominado “Terrorismo de Estado” no prescriben. Ahora bien, ella alega que su asesinato sería obra de acciones delictivas del grupo denominado “Montoneros”, y por ello solicita que ante la actual justicia que sean llamadas a declarar varias personas entonces integrantes de ese movimiento, como su ex Jefe, el Sr. Mario Firmenich, el actual Director de la Biblioteca Nacional, Señor Horacio González, el ex Diputado y periodista Miguel Bonasso, así como otros dirigentes autodeclarados de ese movimiento como los Sres. Roberto Perdía, Fernando Vaca Narvaja y Ernesto Jaureche.
En su momento, Claudia Rucci cobró del Estado la indemnización oportunamente dispuesta por Ley, como sucesora de una víctima del “Terrorismo de Estado”, por lo cual la causa no prescribe. Si la percibió, como señala, la causa no debiera poder ser declarada como perimida, pues todas las causas por “Terrorismo de Estado” no prescriben, y si no está prescripta, será muy interesante ver como encara ahora la justicia, en la persona del Juez, Dr. Ariel Lijo, para recabar y recibir los testimonios de las citadas personas que es público y notorio integraron movimientos delictivos que atentaron contra la seguridad de personas en nuestra Nación, en la que todos tenemos derecho a nuestra propia seguridad de acuerdo con las garantías constitucionales que nos amparan.
Pero anoticiándose de todo lo que hoy se difunde por los medios de comunicación visual, oral y escrita, donde quedan impunes múltiples muertes mensuales, nos queda poca ilusión de que, salvo nuevas pruebas constatables, algo se avance en esta lucha, porque la corrupción está enquistada en nuestro medio, esa corrupción que se hace imposible condenar pero que por todo lo conocido es evidente e indiscutible.
Un Tribunal acaba de exonerar a un ex Presidente y a una serie de funcionarios del más alto nivel, civiles y militares, en la añosa investigación por el escandaloso envío de armas, propiedad del Ejército Argentino, a un país beligerante, en nuestra América Latina, que se hallaba involucrado en un conflicto de cuya paz era garante nuestra Nación. Creemos que hasta el propio ex Presidente Menem debió haberse sorprendido del fallo, aunque sin duda el pueblo piensa que tienen que haber habido conversaciones que llevaron a su dictado en la forma que se hizo público. VERGÜENZA.
Reiteramos: un juicio por un comprobado contrabando de armas, duró dieciseis años y terminó con la absolución de todos los imputados, porque no halló a los culpables. Las armas salieron del Ejército Argentino, se embarcaron a vista y autorización de funcionarios aduaneros luego de cumplidas diversas intervenciones oficiales, expedientes y firmas, pero nadie sabía nada. Ni el Presidente, ni el Comandante en Jefe del Ejército, NADIE.
En nuestro vecino Brasil, el popular gobierno de Lula fue sucedido por la Sra. Dilma Rouseff, de su mismo cuño político. Sin embargo, algo que en los papeles debía ser una sucesión de más de lo mismo, está mostrando una curiosidad. En los pocos meses que lleva de gobierno, han caído cinco ministros de su gabinete, acusados de corrupción, agregando ella que irá por más, en la búsqueda de la limpieza en el accionar de todos los funcionarios públicos. Dijimos la semana pasada que la policía brasileña estaba limpiando de organizaciones delictivas las favelas. Evidentemente algo está cambiando en el Brasil, país que acaba de ser distinguido, en la persona de esa Presidente, para que por primera vez una mujer abriera las sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Pero esa Presidente, la Sra. Rouseff acaba de agregar que solicita a la prensa, en todas sus manifestaciones, que la apoye en la lucha contra la corrupción, afirmando que tiene toda la libertad para efectuar denuncias, dentro del mayor grado de libertad de prensa y expresión. Paralelamente, ayer en nuestro país, un Juez Nacional en lo Penal Económico ordenó por exhorto a siete medios de información escrita, los de mayor tiraje nacional, que se le proporcionen los nombres, domicilios y números telefónicos de aquellos periodistas que hayan escrito artículos referentes a la inflación en los últimos seis meses, contradiciendo abiertamente lo prescripto en el art. 43 de nuestra sabia Constitución Nacional. Todo ello a raíz de una denuncia formulada por el Sr. Secretario de Comercio Interior, Dr. Guillermo Moreno, que como bien sabemos es quien ha aplicado multas a varias consultoras privadas que informaron datos de inflación distintos a los publicados por el INDEC del Gobierno Nacional, aunque en sintonía con investigaciones públicas, privadas y fundamentalmente con el sentir del bolsillo de doña Rosa cada vez que ella sale de su casa a buscar alimentos o artículos necesarios en su hogar. Con esta clase de persecuciones, porque no otra cosa puede deducirse de este pedido judicial, ya hoy condenado enérgicamente tanto en el país como en el extranjero, incluso por la Sociedad Interamericana de Prensa: ¿qué esperanza nos cabe a la ciudadanía de que aquí también se comience a sincerar la lucha contra el narcotráfico y la corrupción?
Los casos de facturas truchas, sobreprecios, SKANSKA y demás, sueldos en negro, concesiones de obras y servicios públicos a plazos mucho más largos que los de los mandatos de los otorgantes, son conocidos a diario. Son condenados por la opinión pública, incluso
por muchos de quienes luego votan por la continuidad del actual gobierno, que es el que nombra y sostiene a esos mismos jueces que luego dictan fallos absolutorios como lo señalados. Un magistrado condenado por la opinión pública ante una comprobada denuncia, no se ha inmutado ante ella y se mantiene en el cargo como si nada hubiera pasado.
Evidentemente nuestra justicia no es igual a la de otros países que buscar transparentar sus acciones, y el 35% de la población activa, electoralmente hablando, seguramente ratificará el mandato de la actual Sra. Presidente y sus colaboradores, pues prefiere la bonanza de los regalos “….para todos” al orden y la seriedad de procedimientos, a la JUSTICIA con mayúsculas. La Sra. Presidente que se acaba de comprar, en París, durante la gira internacional que está realizando, veinte pares de zapatos a cinco mil quinientos dólares cada par, como pese a los desmentidos locales, lo insiste en informar la prensa internacional. Esperamos que no sea cierto, pero conociendo las debilidades de la Presidente….
Hasta la próxima semana, amigos,
Alejo Neyeloff
alejo@neyeloff.com.ar