Aquí no se trata de una opinión de la Corte, sino de un pronunciamiento efectuado en el marco de sus atribuciones y competencias signadas por la Constitución Nacional. Ello implica que, en el ejercicio natural de sus funciones propias el máximo Tribunal de la Nación ha tomado una decisión que el gobierno provincial ha considerado inconveniente y que, consecuentemente, se siente con atribuciones para desobedecerla.
En ese marco ya conflictivo, las expresiones del gobierno respaldando al infractor, constituyen un mensaje peligroso a la sociedad. Si el propio gobierno respalda el incumplimiento a una sentencia de la Corte, evidentemente cualquier persona puede sentirse con atribuciones para juzgar sobre la oportunidad, mérito o conveniencia de las decisiones judiciales y, consecuentemente, pensar que tenemos la facultad de resolver si queremos cumplir o no.
Pero este no ha sido el único hecho en la semana en el que el gobierno ha dado la espalda al Poder Judicial. Ha resuelto igualmente que no accederá al pedido de extradición formulado por Chile sobre un ciudadano chileno que reside actualmente en la Argentina para ser juzgado en su país por los delitos que cometió. El gobierno entiende que, pese al pronunciamiento judicial que habilita la extradición, no es conveniente cumplir.
Indudablemente que el oficialismo tiene en su acervo cívico un grave déficit de conocimientos constitucionales o de conciencia constitucional. Las decisiones del Poder Judicial, no entran dentro de sus facultades discrecionales. Las sentencias judiciales no habilitan a resolver si uno está de acuerdo o no. Además, el máximo Tribunal es la instancia final en la que los justiciables se refugian y confían para lograr la protección de sus derechos, con la convicción, por lo menos hasta ahora, que esas decisiones de la Corte se cumplen de manera imperativa.
En consecuencia, la situación contribuye a debilitar la división de poderes, y a debilitar la imagen de la justicia, generando en la ciudadanía la percepción de un país en el que todo vale o en el que por lo menos, todo lo que proviene de uno de los poderes es solamente lo que vale en la Argentina.
ALBERTO MÁXIMO TELL