El ministro del Interior, Florencio Randazzo, convocará a la Comisión Nacional para Refugiados (Conare), un organismo dependiente de la cartera política que deberá resolver si le concede o no al ex guerrillero chileno asilo político. Fuentes del Gobierno confiaron ayer a LA NACION que Randazzo llamará a la comisión esta semana. Desde los ministerios que deberán integrar la Conare estaban anoche a la espera de la decisión del ministro del Interior.
Ese organismo está formado por representantes de las carteras de Justicia y Derechos Humanos, de Desarrollo Social, de Cancillería y del Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi). Además, participan un representante de la sociedad civil y otro del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
Fuentes del gobierno de Cristina Kirchner dijeron que la posición que transmitió la Presidenta a Piñera en el encuentro de anteanoche en Santiago fue que su administración confía en la justicia del vecino país, pero que el caso Apablaza debe ser analizado en particular.
"Hubo casos similares con Chile, en los que se dejó en claro que el gobierno argentino respeta la institucionalidad. No es una decisión no hacer extradiciones, cada caso es distinto. De hecho, hubo una extradición hace dos meses, y también una expulsión, pero cada caso es cada caso", dijo una fuente cercana a las negociaciones bilaterales.
En el gobierno nacional son conscientes de la presión que representa para Piñera la resolución del tema. "El caso escaló porque a Piñera se le subió la derecha encima, que no está conforme con el manejo del poder y con el reparto de cargos en el gobierno. Es un problema interno que cobró, secundariamente, un costado bilateral", consideró una fuente argentina.
El apuro
Para la Casa Rosada, en cambio, el apuro por resolver la situación se precipitó tras el fallo de la Corte Suprema, el martes pasado, en el que avaló la extradición de Apablaza Guerra. Hasta ahora, el Gobierno podía esquivar con cierta facilidad el caso, pero la sentencia del máximo tribunal lo obliga a tener que tomar una definición en 10 días desde la firma del fallo.
Antes de la reunión con Piñera, Cristina Kirchner sólo anunció que la Argentina "respetará los ordenamientos jurídicos vigentes de cada país". Esto es que debe pronunciarse la Conare para que entonces el Poder Ejecutivo avance con el otorgamiento del estatus de refugiado para Apablaza, que lo solicitó en 2004, cuando se instaló en el país. De todas maneras, a pesar de los pasos legales, la decisión política la tomará la Presidenta, sostuvo a LA NACION un alto funcionario que esperaba la convocatoria a la comisión para comenzar a evaluar el caso.
La gran duda que circulaba ayer y nadie en la Casa Rosada respondía era por qué motivo Apablaza debería ser considerado refugiado. De hecho, hay diferencias en el kirchnerismo sobre la idea de otorgarle el asilo pedido. Algunos creen que porque los hechos por los que sería juzgado fueron cometidos durante la democracia el Gobierno debería avalar la extradición. Pero la Presidenta se volcaría por mantenerlo en el país.
Apablaza Guerra está acusado en Chile del asesinato del senador derechista Jaime Guzmán en 1991 y del secuestro del empresario Cristián Edwards, directivo del diario El Mercurio . Llegó al país y se radicó en Moreno, donde vive con su mujer, la periodista Paula Chaín, que trabaja en el área de prensa de la Casa Rosada.
En el Gobierno buscaron quitarle dramatismo al caso y la Presidenta se esforzó anteayer por bajarle el perfil a la disputa en la reunión que mantuvo con Piñera en el Palacio de la Moneda. La jefa del Estado había viajado para participar de los festejos del bicentenario, pero la decisión de la Corte de habilitar la extradición y los pedidos del gobierno de Chile para que el ex guerrillero sea juzgado en su país de origen obligaron a armar una reunión de urgencia entre ambos presidentes
Mariana Verón
fuente lanacion