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Galvarino Apablaza Guerra, miembro del disuelto Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), enfrenta en Chile dos procesos, uno por el asesinato del senador Jaime Guzmán, de la derechista Unión Democrática Independiente (UDI), y otro por un secuestro, ambos en 1991, en democracia.
El gobierno argentino estudia desde 2004 un pedido de refugio del imputado ante el Comité de Elegibilidad para Refugiados (Cepare) que depende del Ejecutivo. El martes pasado, la Corte Suprema autorizó la extradición de Apablaza a Chile y, aunque resguardó la potestad del Ejecutivo de otorgarle refugio, advirtió que los crímenes de los que se lo acusa son "ajenos a la tradicional noción de delito político".
La UDI tiene previsto entregarle una carta a Cristina para reclamarle que conceda la extradición del ex guerrillero, mientras fuerzas de la oposición apoyaron las demandas del gobierno de Sebastián Piñera en ese sentido.
En la carta, según se adelantó, los dirigentes políticos brindarán a la Presidenta "detalles del crimen" del que se acusa al ex integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (EPMR), "y de los aspectos más relevantes de la investigación judicial que procesó a Apablaza antes de que escapara del país".
Si bien la Corte ya concedió la extradición de Apablaza -casado con una mujer argentina que trabaja en el Gobierno nacional-, la decisión política final está en manos del Ejecutivo. La Casa Rosada resolverá la cuestión la semana próxima, a partir de la opinión que realice la Comisión Nacional de Refugiados (CONARE).
La titular de las Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, le reclamó al gobierno de Cristina Kirchner que le conceda refugio político al ex guerrillero, argumentando que "no se le puede negar la libertad a quien luchó por su país".
fuente clarin
