La masiva protesta contra la reforma jubilatoria de Sarkozy, que prevé aumentar de 60 a 62 años la edad mínima del retiro, generaba complicaciones en los servicios públicos, los hospitales y el sector privado, horas antes de que el proyecto sea presentado en el Parlamento.
El cese de actividades generaba complicaciones desde temprano en el servicio ferroviario -con un 42% de huelguistas según la dirección-, aéreo -con un 25% de vuelos anulados- y urbano, como los subterráneos parisinos, que circulaban con menor frecuencia y estaban colmados de personas en las horas pico.
"Estoy harta de estos haraganes", se quejó Virginie, estudiante de 25 años, interrogada en una estación de trenes parisina. Otros, como Pauline, una empleada de 44 años, dijo "comprender las razones de la huelga" aunque tuvo que esperar 40 minutos para tomar el tren local.
Días después del inicio del ciclo lectivo, más del 30 % de los docentes también adhería a la medida, muchos de ellos desde ayer, en protesta contra el recorte de decenas de miles de puestos de trabajo.
En diversas ciudades francesas los sindicatos estimaron unas 200 manifestaciones durante todo el día.
La reforma. Esta jornada de protestas coincide con la presentación en la Asamblea Nacional del proyecto de reforma, uno de cuyos puntos claves es elevar de 60 a 62 años la edad mínima legal para acceder a la jubilación a partir de 2018.
Según los sondeos, dos tercios de los votantes creen que el plan de Sarkozy de retrasar la edad de jubilación de los 60 a los 62 años y alargar el periodo de trabajo para recibir una pensión es injusto y apoyan la huelga, pero dos tercios también piensan que la jornada de paros no tendrá consecuencias.
El Gobierno conservador dice que la reforma es esencial para equilibrar las cuentas de la Seguridad Social para el 2018 y reducir el déficit público.
Con una popularidad en torno al 30%, la más baja desde que llegó a la presidencia en 2007, Sarkozy enfrenta además críticas por su política migratoria y de seguridad: prevé retirar la ciudadanía a los naturalizados de origen extranjero que atenten contra un policía o gendarme y expulsar a los extranjeros en situación irregular, incluidos ciudadanos de la Unión Europea
Agencias AFP, EFE y Reuters