De furias y atropellos

De Vido ayudó poco a difundir esa teoría. Su presentación fue una proclama atropellada, leída con indignación, para protestar por un episodio del viernes pasado: la Cámara Federal en lo Civil y Comercial suspendió la orden de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) y de la Secretaría de Comercio Interior ?que dirige Guillermo Moreno?para que Telecom antes del 25 de agosto próximo. No es, entonces, otra crisis. Es la misma del Banco Central, o de la ley de medios, pero en las telecomunicaciones: el Gobierno está furioso porque los jueces impiden que se cumplan sus designios.

De Vido no dio el aspecto de un estratega. Estuvo deshilvanado, nervioso, como si su jefe le exigiera resultados imposibles. Llamó chicana judicial al pronunciamiento de la Cámara. Se quejó de que fuera un "fallo exprés", como suelen ser las medidas cautelares. Advirtió que el Gobierno no tolerará que los jueces se excedan (sic) impidiéndole administrar. Vapuleó al abogado de los italianos, citando escritos de su mano, a primera vista bastante criteriosos. Con desprejuiciada sinceridad, enumeró las razones por las que ya podría incautar Telecom. Pero aclaró que era una amenaza, "que estudiamos en firme", por si no se cumple la voluntad del Ejecutivo.

Los motivos de tanto enojo quedaron resumidos en una filípica contra los monopolios, "que presionan a la Justicia para alcanzar sus objetivos". La Presidenta usa esa frase cuando defiende la reforma de la ley de radiodifusión.

La novedad
Esa inflación retórica cobijó una sola novedad: que se apelará el fallo de la Cámara. De Vido emitió una exposición menos colérica como comunicado de prensa, publicado, como archivo de Word, en el portal Infobae.com. En ese texto hay una inesperada reivindicación de los años 90: los argumentos se amparan en un decreto "firmado por el Dr. Menem y elaborado por el Dr. Dromi". Otro detalle: como autor del archivo aparece el nombre "Lali". Así le dicen a la mujer de De Vido, Alessandra Minnicelli, una sagaz abogada que abandonó la administración cuando Cristina Kirchner llegó al poder. En las empresas de servicios circula la versión de que Minnicelli trabajaría ahora en relación con Dromi. El ex ministro ?reconocido administrativista que cultiva el hiperrealismo aristotélico? suele bromear: "Para desmontar el modelo de los 90 que llamen al que lo montó".

El texto de De Vido (y "Lali") defiende la tesis central del Gobierno: como Telefónica de España compró acciones de Telecom Italia ?dueña del 50% de Sofora, controlante de Telecom local?, en la Argentina se verifica un monopolio. Es lo que la Justicia todavía no dictaminó.

Para evitar ese monopolio, la CNDC dispuso que, ya que Telefónica de España compró acciones de Telecom Italia, esta empresa debe dejar el país. Es curioso: la lógica y la experiencia indican que, para desmonopolizar, debe limitarse a la empresa que se expandió en un mercado. A la que compró, no a la que fue comprada. A Telefónica, no a Telecom Italia.

Pero los funcionarios se desvelaron más por la presencia de los italianos en Telecom que de los españoles en Telecom Italia. Así, cometieron una segunda rareza: además de impedirles comprar más acciones, les prohibieron vender las que tenían.

Esta aparente irracionalidad se aclara con algunas situaciones de hecho. La presión sobre Telecom Italia ?no sobre Telefónica? y la prohibición de comprar más acciones coincidieron con las aspiraciones del grupo Werthein. Accionistas locales del 50% de Sofora, los Werthein están empeñados en impedir que los italianos ejerzan una opción de compra pactada con ellos en 2003.

La prohibición de vender, por otro lado, le permitiría al oficialismo condicionar la identidad del comprador. Funcionarios de Telecom Italia ?que piden reserva de identidad? aseguran que De Vido les indicó: "Si quieren resolver el problema de la venta, hablen con la gente de aeropuertos".

De Vido rechazó ayer, por primera vez, la versión de que el Gobierno recomendara un comprador. Hizo bien: en la Security and Exchange Commission (SEC, el órgano de control de la Bolsa de Nueva York) se abrió una investigación sobre este proceso y, en especial, sobre la relación que pudiera existir entre el matrimonio Kirchner, Eduardo Eurnekián ?accionista de Aeropuertos Argentina 2000?, Ernesto Gutiérrez ?presidente de esa compañía? y la sociedad "Wertheim (sic) de Argentina". Gutiérrez y Eurnekián no son los únicos aspirantes a entrar en Telecom.

Hay, por lo menos, cuatro más ?entre ellos el Grupo Clarín?, a los que se agregaría Eduardo Elzstain (IRSA). Hacia fines del año pasado, De Vido le dijo a un directivo de Telecom: "Si Gutiérrez no está en condiciones, habrá otro comprador. Pero vendan, cuanto antes". Abogados neoyorquinos preparan testimonios sobre estos entretelones para la SEC (el mismo organismo que acaba de frenar el canje de deuda).

De Vido no entró ayer en estos detalles. Para explicar a qué aspira, eligió como modelo la venta de acciones de Petrobras en Transener. Es, acaso, el menos feliz: en ese trámite hubo sospechas de que la CNDC habría actuado a favor de Electroingeniería, compañía allegada a Carlos Zannini. El asesor de Electroingeniería era Dromi.

Una leyenda
El kirchnerismo ha utilizado tanto el poder del Estado en beneficio de privados que su leyenda ya supera sus antecedentes. Y no sólo en Telecom. Ayer, por ejemplo, en el sector energético se comentó que Cristóbal López había cerrado, en Río de Janeiro, la compra de la refinería San Lorenzo, de Petrobras. Las habladurías, seguro afiebradas, afirmaban que, ahora sí, Petrobras podrá comprar las estaciones de servicio de Esso en la Argentina.

Algunos observadores se preguntaron ayer si una estatización de Telecom no permitiría lo que los jueces bloquean: que el Gobierno elija al comprador en una futura reprivatización. Fantasías. Seguro los Kirchner responden a un impulso ideológico y político: halagar a la izquierda, sobre todo en el Congreso.

Son hipótesis. Ayer lo único concreto fue que, al cabo de la diatriba de De Vido, la acción de Telecom cayó un cinco por ciento. Un perjuicio para quienes poseen ese papel. Entre otros, los jubilados: el 22% de la compañía está en manos de la Anses.

Fuente : La Nacion